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Duplicidad interpretativa: interpretación jurídica en general e interpretación constitucional en particular*

 

Recibido: marzo 30 de 2010
Aceptado: abril 22 de 2010

 

GIOVANNI A. FIGUEROA-MEJÍA**

** Doctor Europeo en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit (México). giafime@hotmail.com


Resumen

El presente artículo se centra en el estudio de las técnicas que utiliza el juez para determinar el contenido normativo que puede atribuirse a una disposición. El análisis de dichas técnicas se desarrolla desde una doble perspectiva: primero, atendiendo los rasgos que caracterizan a toda interpretación de carácter jurídico, incluida, claro está, la constitucional; y después, teniendo en consideración las peculiaridades inherentes a la interpretación de las disposiciones constitucionales. Para delimitar el contenido concreto de las expresiones "interpretación jurídica" e "interpretación constitucional", se hace alusión a los operadores típicos que interpretan los textos legales y los métodos que se aplican a la interpretación jurídica en su conjunto; asimismo, se pasa revista a la diversidad de intérpretes que están llamados a precisar el sentido de las disposiciones constitucionales, y a los elementos esenciales y criterios particulares que se deben tener en consideración cuando de interpretar disposiciones constitucionales se trata. En fin, este trabajo parte de una teoría de la interpretación jurídica en general que sirve de base para la posterior interpretación de las disposiciones constitucionales, pues de esta forma se protege la unidad del sistema jurídico, pero al mismo tiempo se toma en cuenta la diversidad normativa inherente al mismo.

Palabra clave

Tipos y métodos de la interpretación jurídica, criterios y elementos esenciales de la interpretación constitucional, intérpretes de las disposiciones legales y constitucionales.


Interpretative duplicity: Juridical interpretation in general and constitutional interpretation

Abstract

This paper seeks to study the techniques that a judge tends to use to determine the normative content which can be considered in a legal-normative text. The analysis of these techniques is made using two different points of view: First, dealing with the features that characterize every use of juridical interpretation, including the constitutional one; second, bearing in mind the special characteristics of constitutional interpretation. To delimit the meaning of the words "juridical interpretation" and "constitutional interpretation", we must make reference to the interpreter of laws and also to the methods used in juridical interpretation. In the same way, we must take a view to the various interpreters who are called to delimit the meanings of the articles of the Constitution and the essential and particular criteria that must be observed in the process of constitutional interpretation. This paper starts from a theory about juristic interpretation which is used as a basement for the following interpretation of the Constitution´s articles. Through this way we are protecting the unity of the juristic system, but at the same time we are taking into account the diversity of the norms.

Key words

Types and methods in juristic interpretation, elements and essential criterions in constitutional interpretation, interpreters of legal articles and constitutional articles.


SUMARIO: 1. TERMINOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO; 2. METODOLOGIA; 3. LA POLÉMICA DE SI LAS REGLAS DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN GENERAL VALEN COMO PARÁMETRO PARA LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL; 4. INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN GENERAL; 4.1. PLURALIDAD DE INTÉRPRETES; 4.2. TÉCNICAS O MÉTODOS DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN GENERAL; 5. PECULIARIDADES DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL; 5.1. LOS INTÉRPRETES DE LA CONSTITUCIÓN. DIVERSA CARACTERIZACIÓN INTERPRETATIVA DE CADA UNO DE ELLOS; 5.2. ELEMENTOS ESENCIALES QUE INFLUYEN EN EL MÉTODO DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL; 5.3. CRITERIOS PARTICULARES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES; 6. REFLEXIONES FINALES. BIBLIOGRAFÍA.

 

1. TERMINOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO

A pesar de que el título utilizado proporciona una descripción adecuada del objeto de este estudio, se cree indispensable, para delimitarlo con mayor exactitud, hacer algunas precisiones sobre el contenido concreto que aquí se atribuye a las expresiones "interpretación jurídica" e "interpretación constitucional". Desde luego, no es fácil dar una definición de ambas expresiones al comienzo del estudio, ya que una parte del mismo está encaminada a buscar su significado. Pero tampoco parece adecuado, desde una perspectiva analítica, iniciar sin tener una idea aproximada de aquello a lo que se hará referencia, aunque advirtiendo sobre su carácter provisional en esta parte del análisis. Sintéticamente examinemos las palabras que componen el título.

Interpretación jurídica es, en la forma aquí utilizada, delimitar el sentido de un texto normativo; es esclarecer y desentrañar su significado. Es claro que esta acepción de interpretación jurídica no comprende los diversos aspectos que el término encierra, pero aun así, ofrece algunas ventajas que recomiendan su empleo en un trabajo de esta índole. En primer lugar, la de entender a la hermenéutica como un proceso intelectivo a través del cual, partiendo de fórmulas lingüísticas contenidas en el enunciado, se llega a un contenido normativo; esto es, se pasa del "texto normativo" a su significado en las "normas"; en segundo lugar, porque asume algunos rasgos generales que luego, tomando en cuenta la materia objeto de cada interpretación, se puede aplicar a cualquier rama del derecho.

La interpretación constitucional consiste en atribuir significado a uno o varios símbolos lingüísticos escritos en la Constitución. Esta definición, creemos, contiene los elementos generales de la interpretación con carácter general (procesoenunciado- significado), pero aplicados a la especificidad del objeto, que en este caso es la disposición constitucional.

En este estudio nos centraremos en las dos concepciones anotadas, examinando sus técnicas de interpretación, los sujetos que están llamados a realizar labores interpretativas (interpretación auténtica, doctrinaria, jurisdiccional, etc.), los resultados de la interpretación (interpretación extensiva, restrictiva, evolutiva, entre otras), todo ello con el ánimo de determinar que la jurisdicción, en su conjunto, cuenta con una amplia variedad de técnicas hermenéuticas que le sirven para llevar a cabo la tarea de interpretar las disposiciones jurídicas que habrá de aplicar en su diario actuar.

2. METODOLOGÍA

Conviene anotar que en una primera parte se perfilarán algunos rasgos de la interpretación jurídica en general, para luego hacerla operar en las formas más o menos características de la interpretación constitucional. Este hilo conductor no se ha elegido de manera arbitraria, sino que ha sido estructurado así con la intención de evitar los problemas metodológicos y, posiblemente, de fondo, que acarrearía el hacer un estudio de la hermenéutica constitucional sin esbozar, previamente, aquellos rasgos característicos que se encuentran en toda interpretación jurídica, incluida, como es lógico, la constitucional.

Para el desarrollo de este estudio se utilizará un método esencialmente descriptivo, y en las partes correspondientes exegético, empleando una técnica documental, con base en textos legales, jurisprudenciales y doctrinales, sobre todo, de España e Italia, ya que en esos dos países el estudio de la hermenéutica jurídica ha alcanzado un mayor desarrollo1. No obstante lo anterior, las reflexiones que se harán pueden ser adaptadas a la situación que opera en la gran mayoría de los sistemas jurídicos modernos.

3. LA POLÉMICA DE SI LAS REGLAS DE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN GENERAL VALEN COMO PARÁMETRO PARA LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

La aceptación de una teoría de la interpretación jurídica, que puede valer para los diversos campos del Derecho, no ha sido un punto pacífico en la doctrina. Por años, gran parte de los estudiosos han discutido si al lado de la teoría de la interpretación jurídica existe una análoga teoría de la interpretación constitucional; en dicho debate han surgido muy variados puntos de vista, los cuales pueden ser resumidos a través de dos corrientes de pensamiento. La primera de ellas, introducida por Vittorio SCIALOJA2, y posteriormente adoptada por Santi ROMANO3, sostiene que los principios de la interpretación se aplican de modo distinto en cada rama del derecho, en atención, especialmente, a la naturaleza de la disposición interpretada; la segunda, desarrollada por las ideas de Alfredo ROCCO4 y Carmelo CARBONE5, plantea aglutinar los diversos principios interpretativos en una sola teoría hermenéutica, aunque aceptando la existencia de otros principios particulares que sirven para la interpretación de diversas categorías de disposiciones en el ordenamiento jurídico.

Detrás del debate de esta duplicidad interpretativa surgen las ideas de Vezio Crisafulli, quien de manera ingeniosa logra unir los postulados de la interpretación jurídica con los de la interpretación constitucional, y lo hace constitucionalizando la primera, en otras palabras, considerando los principios de la hermenéutica jurídica general como principios constitucionales6.

Por las directrices dadas por las construcciones teóricas sucintamente ilustradas, podemos concluir que las mismas no pueden ser vistas como líneas de pensamiento totalmente opuestas, sino que pueden ser matizadas partiendo de una teoría de la interpretación jurídica en general que sirva de base para la posterior interpretación jurídica particularizada (por ejemplo: la interpretación constitucional, civil, mercantil, etc.), protegiendo de esta forma la unidad del propio sistema jurídico, pero también la diversidad normativa inherente al mismo.

4. INTERPRETACIÓN JURÍDICA EN GENERAL

La interpretación jurídica es una actividad cognoscitiva dirigida a reconocer y a reconstruir el significado que ha de atribuirse a las formas representativas en el ámbito del orden jurídico, las cuales son fuentes de valoraciones jurídicas (normas jurídicas) o constituyen el objeto de semejantes valoraciones (declaraciones o comportamientos con relevancia jurídica)7.

En concreto, cuando se habla de interpretación de textos jurídicos (disposiciones fundamentales, leyes, reglamentos, contratos, entre otros), "interpretar" significa, por un lado, clarificar el "significado" de una determinada palabra inserta en el lenguaje jurídico; y por el otro, determinar el campo de aplicación de ese texto normativo.

En relación con esto último, la línea de demarcación entre las dos cosas es bastante sutil. No obstante, la distinción conceptual es clara:

"una cosa es preguntarse por el significado de las palabras y otra preguntarse sobre las supuestas intenciones del autor. Por ejemplo, una cosa es preguntarse si el vocablo 'hombre' significa, en un contexto determinado, ser humano, o bien masculino de la especie humana; otra cuestión es preguntarse si el autor, al decir 'atención al que haga esto', entendía una advertencia o una amenaza"8.

Lo antes expuesto requiere de algunas precisiones, ya que el vocablo estudiado no es utilizado de manera uniforme por los doctrinarios. Así tenemos que se habla de un concepto restringido y de uno amplio de interpretación jurídica. El concepto restringido parte del aforismo in claris non fit interpretatio que significa que el quehacer interpretativo no tiene que ser aplicado a cualquier texto, sino solamente a los textos vagos, ambiguos o confusos; por lo que según esta corriente, ahí donde no existan dudas no tiene por qué interpretarse. En un sentido amplio, "interpretación" se emplea para referirse a cualquier atribución de significado de una disposición normativa, independientemente de si su significado es claro u oscuro, evidente o discutible, preciso o genérico9. Ello por el hecho de que las palabras y por lo tanto los enunciados normativos que las utilizan no tienen un significado propio y único, por el contrario, cada una de ellas tiene un significado diverso que depende del orden que tengan dentro de un determinado precepto, o incluso, tomando en consideración el contexto general de la ley o de otras leyes10.

Lo que interesa resaltar aquí es que quienes adoptan el concepto restringido, regularmente identifican "disposición" y "norma". Según ellos, la interpretación jurídica tiene como objeto normas. Por su parte, quienes se acogen como partidarios del concepto amplio consideran que en todo precepto legal puede distinguirse entre"disposición" (texto o enunciado normativo) y "norma" (contenido normativo)11.

Esta última distinción es indispensable no sólo conceptualmente, sino también a efectos prácticos, ya que el operador de la interpretación analiza la fuente que va a utilizar (Constitución, ley, reglamento) en relación con el caso que tiene que regular (por ejemplo, un comportamiento), y extrae de ella la norma que se encuentra lista para ser aplicada12.

Es verdad que todo texto normativo necesita ser "interpretado". Sin embargo, no podemos perder de vista que la actividad interpretativa se presenta como más problemática dependiendo de la dificultad que tenga desentrañar el sentido de la disposición, sobre todo, cuando se tiene que elegir entre las diversas normas que se pueden extraer de un mismo texto normativo13; cuando el intérprete se encuentra con conceptos que tienen la función de atribuirle al derecho una capacidad de adaptación y variabilidad, dependiendo del tiempo y de las circunstancias14; o cuando se presentan conceptos indeterminados que, en la mayoría de las veces, las leyes no los definen, por lo que su determinación depende, en gran parte, de la tradición jurídica o de la doctrina15.

Esta elección y adscripción de significado implica un verdadero quehacer intelectual, una actividad desarrollada exclusivamente por el intérprete; él, como diría Betti, formula una norma y lo hace con su propia "spontaneità spirituale"16.

4.1. Pluralidad de intérpretes

A lo largo de estas últimas páginas se ha cimentado la idea de que la disposición constituye el objeto de la actividad interpretativa, y la norma su resultado; por lo que en este contexto entendimos por interpretación jurídica el proceso mediante el que se dota a un texto normativo de significado o contenido, a través de la elección que realiza el operador de la interpretación. Esto último sirve para señalar que la actividad interpretativa es realizada básicamente por algunos operadores típicos17, y en función de quién es el que interpreta un texto legal, suelen asumirse los siguientes tipos de interpretación jurídica:

a) Interpretación auténtica. Existe cuando es el propio legislador quien interpreta el texto que ha expedido, aclarando los términos que ha empleado en la elaboración de una norma. Este tipo de interpretación se realiza a través de una ley sucesiva llamada "ley interpretativa" o "ley de interpretación auténtica".

b) Interpretación judicial. La efectúa cualquier órgano jurisdiccional en el ejercicio propio de su función. Este tipo de interpretación es entendida como de decisión, ya que los fallos interpretativos de los jueces producen sin duda efectos jurídicos. Asimismo, hay quienes establecen que la interpretación judicial va orientada a los hechos, porque su punto de partida no es ya el texto normativo en abstracto, sino establecer si un determinado supuesto de hecho se encuentra o no dentro del campo de aplicación de una norma en particular, con lo que se desprende que la interpretación del texto normativo y la calificación del supuesto de hecho en este tipo de interpretación van unidas.

c) Interpretación doctrinal. Es realizada por las personas que se dedican al estudio y ejercicio de la ciencia jurídica18, la cual lleva a cabo una constante interpretación de reglas jurídicas en relación con la elaboración de conceptos jurídicos de cara a la sistematización del derecho vigente. Cabe hacer dos acotaciones para diferenciarla de la judicial. En primer lugar, esta clase de interpretación es calificada como una recomendación dirigida a los jueces para atribuir a una disposición un determinado significado, pero sólo son "recomendaciones", ya que sus propuestas pueden ejercer influencia sobre la orientación jurisprudencial de los tribunales, pero también puede que no la ejerzan. En segundo lugar, la interpretación doctrinal, salvo algunas excepciones19, se caracteriza por ir orientada a la interpretación de los textos en abstracto, es decir, sin tomar en cuenta ninguna controversia en particular.

d) Interpretación oficial20. Tiene lugar cuando un órgano específico del Estado, en ejercicio de sus funciones, realiza la interpretación del hecho jurídico en cuestión, buscando la norma jurídica aplicable.

e) Interpretación surgida de otras fuentes. Aquí se agrupan las interpretaciones que realizan las partes en el proceso jurídico, que pueden ser de utilidad para el órgano facultado para la aplicación del derecho en su proceso interpretativo, en atención a la resolución del caso en particular. También pertenecen a este grupo aquellas interpretaciones de carácter jurídico, que son llevadas a cabo por la opinión pública, al hacer apreciaciones del derecho en su conjunto o en la aplicación de éste a casos concretos21.

4.2. Técnicas o métodos de la interpretación jurídica en general22

Como hemos adelantado, en el proceso interpretativo no existe una solución única y excluyente para cada caso, ya que una misma disposición normativa puede ser entendida de diferentes maneras. Esto no equivale a decir que la interpretación esté inmersa en la arbitrariedad absoluta; sino que ella, a pesar de no conducir a resultados siempre iguales o unívocos, debe tener algunos parámetros que la hagan ser razonable y coherente.

Con tal propósito, recordemos que a lo largo de la historia del derecho se ha manifestado la conveniencia de utilizar determinadas técnicas o métodos de interpretación. Para tal efecto, se han insertado en el ordenamiento jurídico diversas reglas con la intención de objetivar y sistematizar las modalidades interpretativas. Estas reglas, por lo regular, son concentradas en los códigos civiles, específicamente, en sus disposiciones sobre la ley en general (según la tradición del Código Napoleónico)23. Pero, también se han desarrollado algunas técnicas como producto de la jurisprudencia de los tribunales (criterios de interpretación)24, o incluso, se han reconducido los elementos, principios o criterios legales y extralegales (no extrajurídicos) a través de la ciencia del derecho.

Como consecuencia de la postulación de los métodos interpretativos propuestos por los juristas, se puede encontrar una diversidad bastante extensa de planteamientos.

En ese sentido, es necesario recordar los llamados métodos clásicos de interpretación formulados por SAVIGNY25, quien defendía que la interpretación tenía que contar con tres métodos: el gramatical26, el histórico27 y el lógico28, y posteriormente adiciona también el sistemático29. Con estos métodos, Sav igny consagró una visión del derecho como un sistema que tiene un mundo conceptual propio que permite desentrañar, de manera rigurosa, el significado concreto de las prescripciones jurídicas relevantes en un proceso.

Junto a los métodos hermenéuticos de SAVIGNY se pueden señalar algunos más, sin que ello implique hacer un análisis exhaustivo de los mismos, como por ejemplo:

a) La interpretación que suele llamarse "correctora", que atribuye a un texto normativo un significado diverso del literal, el cual sólo puede ser más restrictivo o más amplio que el literal, surgiendo de este modo dos tipos de interpretación correctora: la interpretación "restrictiva"30 y la "extensiva"31.

b) La interpretación "adecuadora", que se desprende de la interpretación sistemática. En primer lugar, este tipo de interpretación se utiliza al adaptar el significado de una disposición al significado ya establecido por otras disposiciones jerárquicamente superiores32. En segundo lugar, se hace interpretación adecuadora cuando se adapta el sentido de un texto normativo a los principios generales del derecho33.

c) La interpretación que, conforme a la tradición, se suele denominar "evolutiva", es aquella que le asigna a una disposición un significado nuevo y distinto de aquel que históricamente había tenido, adaptando, de este modo, los textos normativos a las circunstancias del tiempo en que han de ser aplicados34.

d) La interpretación "teleológica", que pretende descubrir los principios de valor y la finalidad que el texto normativo encierra; esto es, a través de ella se intenta descubrir el telos de la disposición normativa.

e) La interpretación "comparativa", también llamada método ius comparado35, que toma en consideración preceptos paralelos de ordenamientos jurídicos internos, extranjeros o de convenciones internacionales. Este método, según Häberle, es de trascendental importancia en el derecho internacional, específicamente en el tratamiento de los derechos fundamentales36.

5. PECULIARIDADES DE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Los problemas interpretativos con los que cotidianamente se tiene que enfrentar el juez, son maximizados cuando de interpretar las disposiciones constitucionales se trata. Ello por la naturaleza misma de dichas disposiciones (llenas de conceptos polivalentes), que son susceptibles de diversas interpretaciones dependientes del momento histórico y social en el que han de ser aplicadas.

En ese sentido, es pertinente que tengamos en cuenta que la interpretación constitucional, verdadero corazón de la teoría de la Constitución37, presenta unas peculiaridades38 que hacen que para su interpretación, las reglas empleadas para la interpretación jurídica en general, si bien pueden constituir un significativo punto de apoyo, no son suficientes por sí solas para abordar la tarea de interpretar la Carta. En todo caso, "la complejidad es el rasgo aglutinante de la singularidad de la misma"39, porque en ella concurre un objeto específico, unos intérpretes cualificados, y un método que ha de adherirse al objeto.

5.1. Los intérpretes de la Constitución. Diversa caracterización interpretativa de cada uno de ellos

Una diversidad de intérpretes son llamados a realizar labores interpretativas de diversa índole. La causa es que todos estamos sometidos a la Constitución y, en especial, todos los poderes públicos que están obligados a aplicarla a través de sus actividades específicas40. Según la doctrina, los intérpretes de la Constitución son primordialmente tres: el poder legislativo, el poder judicial y el órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad (llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, Suprema Corte de Justicia, Corte Suprema, etc.)41. Las decisiones de estos órganos tienen una repercusión importante en el sentido que los preceptos constitucionales adoptan. Sin embargo, existen diferencias entre cada una de las formas interpretativas de esos órganos, las cuales son producto de la diversa responsabilidad que tiene cada uno de ellos dentro del marco general del sistema constitucional.

Así, el legislador es un intérprete privilegiado de la Constitución, al ser él quien en primer lugar interpreta la Carta Magna al promulgar una ley. Esta interpretación se caracteriza por operar en el plano general y abstracto del significado de la fuente normativa; pero, también, porque no requiere motivación jurídica, ya que el legislador, en su tarea hermenéutica, puede optar por tomar sus decisiones sin hacer una fundamentación cimentada en derecho, al considerarse que su razonamiento se basa, primordialmente, en argumentos que pueden ser calificados como políticos.

Por su parte, la interpretación jurisdiccional (la llamaremos así con la intención de englobar en ella, por un lado, a la interpretación que realizan todos los jueces de cualquier posición jerárquica, y, por el otro, a la tarea interpretativa que viene a realizar la jurisdicción propiamente constitucional)42, actualiza el derecho adaptándolo a los preceptos constitucionales, para que exista así una correspondencia entre normas infraconstitucionales y normas supremas.

Todos los jueces y tribunales están llamados a interpretar la Constitución cotidianamente al conocer un litigio en concreto43. Por ejemplo, en México y Colombia se combina el monopolio del intérprete supremo de la Constitución (Suprema Corte de Justicia mexicana o Corte Constitucional colombiana) con la facultad que tienen los jueces de desaplicar directamente una ley que estimen inconstitucional. Dicha interpretación ha de ir siempre precedida de una motivación44, además, el alcance que tiene es particular, ya que sólo se aplica con efectos inter partes.

Con particular referencia a la interpretación constitucional llevada a cabo por el juez de constitucionalidad, la misma entraña, generalmente, enjuiciar al poder legislativo en el ejercicio de su función peculiar. De esta forma el juez constitucional revisa la interpretación de la Constitución efectuada por el legislador, y lo hace jurídicamente, esto es, sólo puede controlar la traducción jurídica de la ley, verificando si ésta es conforme o no con los preceptos fundamentales, pero nunca puede controlar la motivación política que condujo al legislador a dictarla45.

De lo anterior se desprende que las diferencias primordiales entre la interpretación legislativa y la realizada por la jurisdicción descansan en: a) la falta de motivación de la primera; mientras que la segunda, sólo puede consumar su actividad en virtud de una fundamentación y motivación jurídicas; b) el resultado que una y otra producen en el ordenamiento jurídico; con la primera, se interpreta la Constitución a través de la sanción de disposiciones con carácter general; con la segunda, se aplica el derecho vigente ajustando su contenido al espíritu de las disposiciones contenidas en la Carta Magna al tiempo que, si las circunstancias lo requieren, refiriéndonos a la justicia constitucional, juzga los actos realizados por cualquier órgano del Estado. Lombardi insiste sobre este punto al señalar que la diferencia, quizás esencial, entre ambas especies interpretativas es la efectividad general, que caracteriza las decisiones legislativas en detrimento de una decisión judicial con efectos particulares46 y sólo para el caso concreto47.

Independientemente de lo anterior, lo cierto es que los órganos que tienen como función común interpretar y aplicar la Carta Magna, deben coordinarse entre ellos, es decir, sus relaciones han de estar precedidas por la colaboración mutua y no por el enfrentamiento48.

5.2. Elementos esenciales que influyen en el método de la interpretación constitucional

En general, es la materia objeto de cada actividad interpretativa la que, en esencia, justifica su interpretación con arreglo a una metodología diversa49. El método de la interpretación constitucional deja sentir su especificidad, por la confluencia de algunos elementos interpretativos que, operando en concurrencia con los demás métodos de la interpretación jurídica, deben ser necesariamente considerados por el hermeneuta constitucional. Estos elementos sustanciales, como los llama nuestro maestro CANOSA USERA, son:

a) Las reglas constitucionales de organización. Según una corriente bastante difundida, una característica de la interpretación constitucional es la variedad de tipos de reglas constitucionales de organización, las cuales fijan la organización y competencia de los órganos del Estado, o el sistema de competencias de los principales órganos estatales y sus relaciones mutuas50.

b) La politicidad. Es imprescindible mencionar también, como característico, el carácter político de la interpretación constitucional, por su génesis, contenido y función, ya que este tipo de interpretación decide sobre problemas políticamente relevantes en mayor medida que la interpretación de otras disciplinas jurídicas, al estar condicionada por las concretas situaciones de poder y de peso político en las que se encuentran los órganos constitucionales y las fuerzas sociales que están tras ella. Sin embargo, aun cuando la politicidad del objeto de la interpretación penetra hasta el proceso interpretativo, ello no impide que la decisión se base, principalmente, en criterios jurídicos51.

c) El carácter abierto de los textos constitucionales. Dado que el ámbito que regula el Derecho constitucional es el más amplio posible, no puede extrañarnos la elasticidad que caracteriza al contenido normativo de las disposiciones fundamentales (determinadas por la presencia de valores y principios generales). Su desarrollo vía interpretación presenta posibilidades de variación muy numerosas, las cuales permiten realizar varias "lecturas" de las disposiciones que integran la Ley Suprema52

d) El factor axiológico. La idea delineada en el punto anterior nos conduce al factor axiológico como elemento esencial de la interpretación constitucional, ello por la presencia de términos valorativos en los textos constitucionales53, tales como libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, etc.54. De ahí que el Tribunal Constitucional español haya afirmado que "la Constitución incorpora un sistema de valores cuya observancia requiere una interpretación finalista de la Norma Fundamental"55.

e) La evolutividad. Como lo habíamos adelantado en páginas anteriores, interpretar evolutivamente implica incorporar elementos extranormativos en sentido estricto cuyo denominador común es su naturaleza social56. Esta forma de actuar se presenta en todos los ámbitos del derecho, pero en el de la interpretación constitucional cobra tal importancia que es oportuno incorporarla como un elemento esencial de la misma. De ahí que sea legítimo afirmar que la evolutividad se manifiesta como inmanente a la Constitución57. Ésta exige comprender el Derecho desde una óptica actual y, en definitiva, percibir que el sistema jurídico ebulle siempre en un constante movimiento58, con la intención de adaptarse a las transformaciones que sufre la sociedad. No obstante, es oportuno matizar dicho ajustamiento de las disposiciones de la Carta, que el operador de la interpretación realiza, diciendo que el mismo debe operar con las limitaciones impuestas por los principios establecidos por ella misma.

Conviene destacar, antes de concluir este punto, que si los órganos y las instituciones que forman parte de la Constitución no se adaptasen a la realidad, en consecuencia, pasarían a ser meras "declaraciones" que no representarían nada para sus destinatarios, lo que se traduciría en una falta de eficacia de la Carta en la vida social.

5.3. Criterios particulares para la interpretación de las disposiciones constitucionales

Un uso combinado de los métodos de la interpretación jurídica general aplicados a las peculiaridades de la interpretación constitucional es fundamental para el intérprete de la Constitución. Pero además, si el hermeneuta emplea otros criterios interpretativos específicos, creemos, llegará a resultados más sólidos y mejor fundamentados. Algunos de esos criterios que tanto la doctrina59 como la jurisprudencia constitucional han venido creando para la interpretación de las disposiciones constitucionales son:

a) El principio de la unidad de la Constitución. Dicho principio ha de entenderse en el sentido de que una disposición constitucional no puede ser considerada de forma aislada, ni puede ser interpretada exclusivamente a partir de ella misma, pues se halla en una conexión de sentido con los restantes preceptos constitucionales, pues la Constitución representa una unidad interna. Este principio busca que todas las normas constitucionales sean interpretadas de tal manera que se eviten contradicciones entre ellas60.

b) El principio de concordancia práctica. Éste se encuentra en íntima relación con el anterior, e implica que los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo que en la solución de los problemas todos ellos conserven su entidad. Allí donde se produzcan colisiones no se debe, a través de una precipitada "ponderación de bienes" o incluso abstracta "ponderación de valores", realizar el uno a costa del otro. Por el contrario [] se hace preciso establecer los límites de ambos bienes con el fin de que alcancen una efectividad óptima61. La concordancia práctica entre los bienes constitucionalmente protegidos presupone que su relación será de preponderancia alterna en determinados casos y siempre de equilibrio, puesto que ningún bien constitucional en su aplicación puede acarrear la paralela eliminación de otro interés protegido igualmente por la Carta Magna62.

Con relación a este principio ha afirmado el Tribunal Constitucional español que:

"La interpretación y aplicación de la Constitución, concebida como una totalidad normativa garantizadora de un orden de convivencia integrado por un conjunto de derechos y valores, que el legislador tiene el deber de armonizar mediante fórmulas que permitan la adecuada protección de cada uno de ellos a través de limitaciones coordinadas y razonables, evitando el desequilibrio del orden constitucional que ocasiona la prevalencia absoluta e ilimitada de uno sobre los demás, los cuales resultarían así desconocidos y sacrificados con grave quebranto de los mandatos constitucionales que imponen a todos los poderes públicos el deber de protegerlos y hacerlos efectivos en coexistencia con todos aquellos otros con los que concurran"63.

Este principio adquiere mayor relevancia cuando se trata de derechos fundamentales. En este ámbito se ha pronunciado en innumerables ocasiones el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la STC 120/1983, de 15 de diciembre, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero, Fundamento jurídico 2, que se refiere a las limitaciones que sufre la libertad de expresión por obra del derecho al honor.

c) El Principio de corrección funcional. Entra en juego, como dice Torsten Stein, cuando se trata de armonizar mediante la interpretación un conflicto entre normas constitucionales orgánicas que son propias del derecho de organización del Estado, o atributivas de competencias entre órganos estatales64.

Con este principio se pretende no desvirtuar la distribución de funciones y el equilibrio entre los poderes del Estado diseñado por la Constitución65. Esto es aplicable, entre otras, a las relaciones entre legislador y juez de constitucionalidad, puesto que a la jurisdicción constitucional sólo le corresponde, frente al legislador, una función de control, por lo que le está vedada una interpretación que conduzca a una restricción de la libertad conformadora del legislador más allá de los límites establecidos por la Constitución o, incluso, a una conformación llevada a cabo por el juez mismo.

El Tribunal Constitucional ha expresado, en la sentencia 11/1981, fundamento jurídico 7, lo siguiente: "La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo. La labor de interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes imponiendo autoritariamente una de ellas". Por lo anterior, resulta indispensable decir que este principio no significa un debilitamiento de las competencias del Tribunal, sino únicamente su renuncia a hacer política. Situando de esta forma, por un lado, las decisiones políticas y el enjuiciamiento que tales decisiones merezcan; y por el otro, la calificación de inconstitucionalidad, que tiene que hacerse con criterios estrictamente jurídicos.

d) El Principio de eficacia integradora. El mismo implica que la Constitución debe velar por el mantenimiento de la unidad política, como dice PÉREZ ROYO, debe ser un instrumento de "agregación" y no de "desagregación" política de la comunidad66. Por lo que cuando se presenten problemas jurídico-constitucionales se debe otorgar preferencia a aquellos puntos de vista que promuevan y mantengan dicha unidad.

e) El Principio de fuerza normativa de la Constitución. Con él se deja claro que la interpretación constitucional es una interpretación de límites. Esto es, no se puede "desnaturalizar" el texto constitucional por la vía de la interpretación. Cuando no es viable encontrar justificación a una ley dentro de la Constitución, como es obvio, hay que hacer valer la Constitución frente a la ley. Este es el mínimo de seguridad que la Constitución tiene como norma jurídica67.

f) El Principio de interpretación conforme a la Constitución. Responde a una lógica clara de supremacía de la Constitución sobre todas las normas jurídicas, y su posición central en la construcción y en la validez del ordenamiento jurídico en su conjunto; lo cual obliga a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación en el sentido que tengan los principios y las reglas constitucionales. Además, cabe advertir que la aceptación de este principio por vía jurisprudencial se hace patente en prácticamente todos los sistemas de justicia constitucional.

6. REFLEXIONES FINALES

Con independencia de la polémica que puede surgir acerca de si efectivamente el juez procede primero a hacer uso de estos métodos interpretativos para orientar sus decisiones, como creemos que debe hacerlo, o si por el contrario el juez con sus conocimientos previos ya sabe cómo va a aplicar el derecho y sólo argumenta la utilización de un determinado método interpretativo para justificar su decisión. Lo que hemos pretendido indicar a través del presente estudio es que la interpretación realizada por los jueces en los sistemas jurídicos modernos innegablemente incorpora técnicas interpretativas que, en general, derivan de los razonamientos elaborados por la ciencia del derecho, de la jurisprudencia de los tribunales o incluso, en algunos casos, del propio ordenamiento jurídico que consagra estos criterios de interpretación o cierto número de ellos.

Por último, es de mencionarse que con la utilización de estos métodos se amplían las posibilidades de creatividad que caben apreciarse en el curso de un razonamiento judicial, ya que, como dice PRIETO SANCHÍS, el adoptar uno o varios de los métodos de interpretación entre los numerosos y contradictorios que ofrece el sistema, atribuirles un significado y aplicarlos a las normas y los hechos examinados, se constituye en otras tantas decisiones que quedan al arbitrio del juez y que, sin duda, implican una labor intelectiva68 que conduce, además, a resultados siempre distintos.


* El presente artículo forma parte del proyecto de investigación "El sistema mexicano de control de constitucionalidad y las sentencias atípicas", financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con registro 121846.


1 Para constatar esta afirmación basta pasar revisión a la gran cantidad de estudios que en esos dos países se han publicado en torno a la problemática de la interpretación jurídica.

2 Para profundizar en el argumento véase Vittorio Scialoja, "Sulla teoria dell`interpretazione delle leggi", en Studi in onore di F. Schupter, III, Turín, Diritto Odierno, 1898, pp. 303 y ss., que defiende la relatividad de los principios de la interpretación.

3 Cfr. Santi Romano, "L`interpretazione delle leggi di diritto pubblico", en Scritti minori, vol. I, Milán, Giuffrè, 1950, pp. 93 y ss., quien retomando las directrices dadas por Scialoja defiende también una separación de principios interpretativos dependientes de cada rama del derecho.

4 Alfredo Rocco, "La teoria generale della interpretazione e la sua applicazione alle singole categorie di norme", en Scritti di diritto commerciale, vol. I, Roma, 1933, pp. 79 y ss. En esta obra el autor se pronuncia adverso al relativismo de Scialoja y propone agrupar esa multiplicidad de teorías hermenéuticas en una sola, de la cual ciertos principios generales fueran válidos para todos los campos del derecho.

5 Carmelo Carbone, L`interpretazione delle norme costituzionali, Padua, Cedam, 1951, pp. 11 y ss., centrándose en la noción unitaria del ordenamiento jurídico, justifica en ella una paralela unidad del proceder interpretativo.

6 Véase Vezio Crisafulli, I principi costituzionali dell`interpretazione delle leggi, Padua, Cedam, 1939. Asimismo, es importante la visión de Pablo Lucas Verdú, "Constitución de 1978 e interpretación constitucional. Un enfoque interpretativo de la Constitución española", en Ignacio Igartua (ed.), La interpretación de la Constitución. Demarcación y perspectivas, San Sebastián, Universidad del País Vasco, 1985, pp. 210 y ss., quien siguiendo a Crisafulli, se decanta por considerar a la teoría de la interpretación como parte esencial del Derecho constitucional.

7 En ese sentido véase Emilio Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milán, Giuffrè, 1971, pp. 87 y ss., quien elabora una teoría general hermenéutica que representa uno de los hitos en la historia del pensamiento jurídico moderno. Profundizar en el estudio de la interpretación exige un constante diálogo con su obra.

8 Cfr. Ricardo Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica, trad. de Miguel Carbonell, México, Porrúa-UNAM, 2003, p. 2.

9 Sobre el concepto amplio de interpretación jurídica consúltese, entre otros, a Ricardo Guastini, ibídem, p. 5 y ss.

10 Al grado que la Corte de Justicia de la Unión Europea ha estado obligada a interpretar la noción de "piyamas para mujer o muchacha", en ese sentido véase la sentencia 9/6/1994 en la causa 395/93, el ejemplo ha sido tomado de G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Volpi, Diritto Costituzionale italiano e comparato, 2 ed. aumentada y adaptada, Bolonia, Monduzzi Editore, 1995, p. 16.

11 La distinción entre disposición y norma es ya clásica en la teoría del Derecho. Quien parece que por primera vez estableció tal distinción fue Massimo Severo Giannini, "Alcuni caratteri della giurisdizione di legitimità delle norme", en la Giurisprudenza Costituzionale, 1956, pp. 902 y ss., quien elabora un concepto de norma como independiente de aquel de disposición y de acto normativo; la elaboración de Giannini anticipa aquella, más analítica y completa, de Vezio Crisafulli, en la voz "Atto normativo", de la Enciclopedia del Diritto, tomo IV, Giuffrè, Milán, 1959, pp. 258-260; y, unos años después, es precisada por este mismo autor en la voz "Disposizione (e norma)", de la misma Enciclopedia del Diritto, vol. XIII, Giuffrè, Milán, 1964, pp. 195-209, donde ambos conceptos son asumidos en una acepción jurídica más precisa. Dentro de la amplia literatura sobre el tema, también es fundamental Giovanni Tarello, L`interpretazione della legge, Milán, Giuffrè, 1980; Livio Paladin, Le fonti del diritto italiano, Bolonia, Il Mulino, 1996, pp. 20 y ss.; Alessandro Pizzorusso, Fonti del diritto, Art. 1-9 disp. Prel., Bolonia/ Roma, Zanichelli/Il Foro Italiano, 1997, pp. 22 y ss.; Giuseppe de Vergottini, Diritto Costituzionale, Padua, Cedam, 1997, pp. 152 y ss.; Gustavo Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, 2 ed. Bolonia, Il Mulino, 1998, pp. 148 y ss.; Ricardo Guas tini, "Disposicione v. norma", en Giurisprudenza Costituzionale, tomo II, año XXIV, fasc. 1, enero-junio 1989, pp. 3-14.; del mismo autor, Le fonte del Diritto e l`interpretazione, Milán, Giuffrè, 1993, pp. 18 y ss. En la doctrina española véanse Francisco Rubio Llorente, La forma del poder (Estudios sobre la Constitución), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 515 y 516; Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas, La producción jurídica y su control por el Tribunal Constitucional, Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 17 y ss.; Francisco Balaguer Callejon, Fuentes del Derecho, vol. I, Madrid, Tecnos, 1991, pp. 109 y ss.; Antonio Enrique Pérez Luño, El desbordamiento de las fuentes del Derecho, Sevilla, Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, 1993, pp. 48 y ss.; Francisco Javier Díaz Revorio, Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional, Valladolid, Lex Nova, 2001, pp. 35-37.

12 Para profundizar en el estudio de este proceso interpretativo véanse Tullio Ascarelli, "Giurisprudenza costituzionale e teoria dell´interpretazione", en Rivista di Diritto Processuale, núm. 3, 1957, pp. 353 y ss., y Giuseppe de Vergottini, Diritto Costituzionale, Padua, Cedam, 1997, pp. 172 y ss.

13 En ese sentido, véase Karl Larenz, Metodología de la Ciencia del Derecho, trad. de M. Rodríguez Molinero, Barcelona, Ariel, 1980, pp. 192 y ss., que nos dice que un texto es problemático cuando la extracción de la norma presenta dudas que surgen, en su mayor parte, por la multiplicidad de combinaciones posibles con las que el intérprete puede jugar en su búsqueda del resultado que plasme el sentido normativo.

14 Este tipo de conceptos son llamados "conceptos válvula", porque son comparables con una válvula de seguridad que se adapta a la continua evolución de la vida social y política. Ellos están presentes en cualquier ordenamiento jurídico, por ejemplo, en la Constitución Política mexicana encontramos conceptos como "orden público" (art. 6), "moral" y "paz pública" (art. 7), "utilidad pública", "interés público" y "beneficio social" (art. 27), "socialmente útil" (art. 123), etc. Todos estos conceptos requieren indudablemente una operación valorativa para poder tener un contenido determinado.

15 Nos referimos a conceptos como "buenas costumbres", "causa justa", "un modo honesto de vivir", "justa retribución", "vivienda digna y decorosa", "buena fe", etc.

16 Emilio Betti, "Di una teoria generale della interpretazione", Rivista Internacionale di Filosofia del Diritto, año XLIII, serie III, fasc. II, abril-junio 1965, p. 236.

17 Luego volveremos sobre este punto, pero analizando los operadores típicos desde el punto de vista de la interpretación constitucional.

18 Cfr. Jorge Carpizo, Estudios constitucionales, 7 edición, México, Porrúa-UNAM, 1999, p. 58.

19 Por ejemplo, cuando tomando como base una sentencia en particular se hace el análisis del proceso lógico entre la situación de hecho y la norma que le ha sido aplicada.

20 Para profundizar en las características de este tipo de interpretación consúltese Jerzy Wroblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, Madrid, Civitas, 1985, pp. 27 y ss. También Ricardo Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica, ob. cit., p. 19.

21 Sobre este punto cfr. Ramón Peralta, La interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la norma fundamental del Estado, Madrid, Servicio Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1994, p. 21.

22 Para una visión general acerca de estos métodos, véase a Karl Larenz, Metodología de la ciencia del Derecho, ob. cit.; Ricardo Guastini, Estudios sobre interpretación jurídica, ob. cit.; Peter Häberle, El Estado constitucional, la comparación jurídica como quinto método de interpretación y como comparación cultural, trad. de Héctor Fix-Fierro, México, UNAM, 1996.

23 Para tomar algunos ejemplos veamos la normativa contenida en los títulos preliminares de los códigos civiles español, italiano y mexicano, donde se expone, respectivamente, el proceso creativo y aplicativo del derecho. El Código Civil español en su Capítulo II, que se refiere a la aplicación de las normas jurídicas, señala: art. 3.1. "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas; […] art. 4.1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón". El Código Civil italiano, en sus disposiciones sobre la ley en general, también llamada prellegge italiana, señala en su artículo 12: "En la aplicación de la ley no se puede atribuir a ella un sentido diverso de aquel hecho evidente por el significado propio de las palabras según la conexión de ellas, y de la intención del legislador. Si una controversia no puede ser decidida con una disposición precisa, se estimarán las disposiciones que regulan casos similares o materias análogas, en caso de que aún existan dudas, se decide según los principios generales del ordenamiento jurídico del Estado". Por lo que respecta al Código Civil Federal mexicano en sus disposiciones preliminares manifiesta: "Art. 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho". Estos artículos constituyen un fundamental canon de hermenéutica legislativa, al establecer parámetros de interpretación literal, teleológica, auténtica, extensiva, restrictiva y analógica, entre otras.

24 Precisamente, a algunos de ellos dedicaremos el epígrafe 5.3. aplicándolos al campo de la interpretación constitucional.

25 Para profundizar en el estudio de estos cuatro métodos véase Friedrich Karl von Savigny, Metodología jurídica, trad. de José Julio Santa Pinter, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1994, pp. 12-14. El texto original apareció 1951.

26 Atiende al sentido literal del texto normativo, argumentando que las palabras están dotadas de un significado específico, que se desprende de su uso común y de las reglas propias de la sintaxis.

27 También denominado interpretación genética. Estudia a la disposición normativa en su historicidad,adscribiéndole uno de los significados que se le atribuyeron en la época en que fue creada. Para ello, investiga los trabajos preliminares y la voluntad de regulación del legislador; básicamente se sustenta en los materiales legales, es decir, en los proyectos gubernamentales, los debates parlamentarios, las exposiciones de motivos, etc.

28 Este método utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Se emplea en reglas tales como "el que puede lo más puede lo menos", "donde la ley no distingue no cabe hacer distinción", "el precepto especial prevalece sobre el general", entre muchos otros.

29 Con él se trata de interpretar la disposición a partir de su ubicación en los demás apartados de un mismo artículo, o el resto de los artículos de una misma ley, hasta llegar, incluso, a la totalidad de las disposiciones que componen un sistema jurídico. En definitiva, este método atiende a la estructura y posición de un precepto jurídico en el complejo global del ordenamiento.

30 Ella produce un efecto de reducción en los supuestos a los que son aplicables las consecuencias jurídicas derivadas del precepto. Este tipo de interpretación es la que explica el uso de las llamadas "sentencias reductoras", las cuales declaran la inconstitucionalidad de una parte del contenido normativo que deriva conjuntamente de un texto sin afectar a éste.

31 Que incluye en su campo de aplicación supuestos de hecho que, según la interpretación literal, no entrarían en él. Este es el tipo de interpretación que utiliza el juez de constitucionalidad de la ley, al hacer uso de alguna de las modalidades sentenciadoras denominadas como "aditivas", ya que por medio de ellas se produce el efecto de ampliar o exceder el contenido normativo de un precepto, permitiendo su ampliación a supuestos no contemplados expresamente en la disposición, extendiendo de esta forma sus consecuencias jurídicas.

32 Así, por ejemplo, si una disposición legislativa admite dos posibles interpretaciones, y una es conforme con las normas constitucionales; mientras que la otra se contradice con ellas, se hace interpretación "adecuada" optando por la primera y rechazando la segunda. Esta forma de interpretar se emplea en todas las llamadas "sentencias interpretativas" desestimatorias, ya que con ellas se evita declarar constitucionalmente ilegítima una disposición, interpretándola de modo que sea conforme con la Constitución.

33 Este modo de interpretar se rige por la tácita asunción de que el legislador respeta los principios generales del derecho y no es su intención derogarlos. Cfr. Ricardo Guas tini, Estudios sobre interpretación jurídica, ob. cit., p. 38.

34 La interpretación evolutiva encaminada a la transformación social es creída como necesaria por Carlo Lavagna , Costituzione e socialismo, Bolonia, Il Mulino, 1977, pp. 37 y 38.

35 Sobre las diversas fuentes en el Derecho Comparado es imprescindible la obra publicada por Lucio Pegoraro y Angelo Rinella, Le fonti nel diritto comparato, Turín, G. Giappichelli Editore, 2000, donde se ofrece una rica gama de opciones interpretativas y sistemáticas. De igual forma, Alessandro Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, 2 ed., Milán, Guiffrè, 1998; Constantinesco Leontin-Jean, Tratado de Derecho Comparado (Introducción al Derecho Comparado), trad. de Eduardo Freitas Da Costa, vol. I, Madrid, Tecnos, 1981; Héctor Fix-Fierro, Lawrence Friedman y Rogelio Pérez Perdomo (eds.), Culturas jurídicas latinas de Europa y América en tiempos de globalización, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003.

36 Peter Häberle, El Estado constitucional…, ob. cit. p. 164., nos dice que "la 'canonización' de la comparación jurídica como 'quinto' método de la interpretación, al menos en el derecho constitucional del tipo del 'Estado constitucional', no sería sino consecuente con la historia de la doctrina de la interpretación jurídica".

37 Entre otros, sostienen esta idea Konrad Hesse, Escritos de derecho constitucional, 2 ed., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, selección, introducción y traducción de Pedro Cruz Villalón, 1992, pp. 34 y ss.; Francisco Rubio Llorente, La forma del poder (Estudios sobre la Constitución), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 605.

38 Sobre las peculiaridades de la interpretación constitucional, nótense, en la amplia literatura, las precisiones de Teresa Freixes Sanjuan, "Una aproximación al método de la interpretación constitucional", en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, núm. 4, Universidad de Valencia, Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración, 1993, pp. 37 y ss.; Enrique Alonso García, La interpretación de la Constitución, Colección Estudios Constitucionales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

39 Raúl Canosa Usera, "Algunos aspectos problemáticos de la interpretación de la Constitución española", Revista Española de Derecho Constitucional, núm, 17, 1986, pp. 119-120.

40 En esa tesitura véase Hans Kelsen, La Giustizia costituzionale, Milán, Giuffrè, 1981, pp. 229 y ss., indica que la pluralidad de intérpretes implica un control de constitucionalidad disperso y más eficaz.

41 Hay quienes hablan también de una interpretación administrativa, una doctrinal y una popular. En ese sentido véase Héctor Fix-Zamudio, "Algunos aspectos de la interpretación constitucional en el ordenamiento mexicano", Revista Jurídica Veracruzana, Jalapa, tomo XXI, núm. 4, octubre-diciembre 1970, p. 28, que señala que la administrativa es realizada por los órganos del poder ejecutivo, quienes deben examinar si sus actos, resoluciones y disposiciones no violan la Ley Fundamental. Jorge Carpizo, en su obra Estudios constitucionales, ob. cit., pp. 69 y 70, manifiesta que la doctrinal se ocupa de los problemas de la ciencia jurídica, y que no tiene el carácter de autoridad; y la popular es efectuada por los habitantes en sus relaciones con las autoridades, especialmente cuando los primeros piensan que sus derechos han sido infringidos.

42 Hacemos esta diferencia tomando en consideración que existen sistemas jurídicos como el estadounidense, el mexicano, entre otros, donde el órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad de la ley se encuentra dentro del poder judicial; en cambio, hay otros sistemas como el español, el italiano, el alemán, en elque a pesar de su naturaleza jurisdiccional, el juez de constitucionalidad no forma parte del poder judicial, y no constituye una instancia más de dicho poder.

43 Hace algún tiempo, esta forma de controlar la constitucionalidad de la ley era característica únicamente de los sistemas difusos de control de constitucionalidad, o de los llamados sistemas mixtos, pero en la actualidad ya no es propia de dichos sistemas, ya que como señala Joaquín Brage, "en algunos sistemas de control concentrado se han insertado elementos de algún modo difusos, a través de la cuestión de inconstitucionalidad (aunque el nombre varía de un sistema jurídico a otro), introducida en los ordenamientos austriaco, italiano, alemán, belga y español, y que supone que el juez o tribunal que ha de aplicar al caso de que esté conociendo una ley que estime inconstitucional, ha de suspender el procedimiento y remitir la cuestión al Tribunal Constitucional, para que sea éste el que se pronuncie, con carácter vinculante, sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada" (énfasis agregado). Joaquín Brage Camazano, La acción abstracta de inconstitucionalidad, México, UNAM, 2005, p. 71.

44 "[S]ólo algunos autos de mero trámite, y por ende de escasísima importancia, carecen de ella", Raúl Can osa Usera, Interpretación constitucional y fórmula política, con prólogo de Pablo Lucas Verdú, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1988, p. 31.

45 Tal situación es confirmada por el artículo 28 de la ley italiana 83/1953 (de 11 de marzo), denominada "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", según la cual "el control de legitimidad de la Corte constitucional […] excluye toda valoración de naturaleza política y todo asunto sobre el uso del poder discrecional que tiene el Parlamento", reconociéndose de esta forma que es inevitable darle a la norma legislativa un espacio libre pero respetando el marco constitucional.

46 Con excepción de aquellas sentencias pronunciadas en los procedimientos de control de constitucionalidad de la ley, las cuales declaran, con efectos erga omnes, que un precepto infraconstitucional es o no conforme con las normas constitucionales.

47 Luigi Lombardi, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milán, Giuffrè, 1975, pp. 583 y ss.

48 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional español al referirse a la necesaria colaboración que debe existir entre los órganos del poder judicial y el Tribunal Constitucional (STC de 1 de junio de 1981, Fto. Jco. 1, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de junio de 1981). Con este pronunciamiento el Tribunal Constitucional ha consagrado "el principio de colaboración" que implica que el Tribunal, aun siendo el intérprete supremo, no es el único.

49 El intérprete vislumbra la finalidad a la que su labor ha de encaminarse y, tomando en cuenta los obstáculos que a priori reporta el objeto, decide qué método es el más idóneo para superarlos. Cfr. Norberto Bobbio, voz "Metodo", en Novísimo Digesto, vol. X, Turín, Editrice Torinese, 1962, pp. 602 y ss.

50 Para todo véase Jerzy Wroblewski, Constitución y teoría general de la interpretación jurídica, ob. cit., pp. 102-114.

51 Acerca de la politicidad como elemento indispensable de la teoría de la interpretación constitucional, consúltense, entre otras, las obras de Franco Pierandrei, "L`interpretazione della costituzione", en Scritti di diritto costituzionale, vol. I, Spe, Turín, 1965, pp. 165 y ss.; Luis Prieto Sanchís, Ideología e interpretación jurídica, Madrid, Tecnos, 1987, en especial pp. 107 y ss.; Raúl Canosa Usera, Interpretación constitucional y fórmula política, ob. cit., pp. 115-130.

52 Sobre este elemento peculiar de la interpretación constitucional es abundante la doctrina, a manera de ejemplo véase Francisco Rubio Llorente, "La Constitución como fuente del derecho", en La Constitución española y las fuentes del derecho, tomo I, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1979, pp. 63 y ss.; Francisco Javier Diaz Revorio, Valores superiores e interpretación constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, pp. 301 y ss.; Enrique Alonso García, La interpretación de la Constitución, Colección Estudios constitucionales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 24.; M. Dogliani, Interpretazione della costituzione, Turín, Franco Angeli Editore, 1981, pp. 75 y ss.

53 Una visión general de los valores insertos en la Constitución se encuentra en José Luis Villalar-Palasí, La interpretación de los apotegmas jurídico-lógicos, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 35 y ss. Para una argumentación crítica acerca de los valores que son incorporados innecesariamente en las constituciones modernas, cfr. Carl Schmitt, "La tirannia dei valori", en Rassegna di Diritto pubblico, 1970.

54 Estos términos valorativos, por lo regular, se encuentran en los preámbulos de las constituciones modernas. En ese sentido se puede ver el preámbulo de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: "La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran […]". Pero también se pueden encontrar ejemplos de esos valores en el resto de los artículos de las constituciones. En esa tesitura, el artículo 4 de la Constitución Política mexicana: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Sobre el tema de los preámbulos constitucionales véase la obra colectiva dirigida por Antonio Torres Del Moral y Javier Tajadura Tejada (dirs.), Los preámbulos constitucionales en Iberoamérica, Madrid, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, 2001.

55 STC 18/1981, de 8 de junio, Fto. Jco. 2.

56 Sobre la interpretación evolutiva véase Francesco Milani, L`interpretazione evolutiva, Milán, Fratelli Bocca, 1950.

57 Franco Pierandrei, "La interpretazione della costituzione", ob. cit., p. 193.

58 Cfr. Giorgio Lazzaro, L´interpretazione sistematica della legge, Turín, Giappichelli, 1965, pp. 139 y 140.

59 En la doctrina han surgido ciertas discrepancias metodológicas y terminológicas en relación con este tema; para profundizar en su estudio véanse los argumentos que se encuentran en Konrad Hesse, Escritos de Derecho…, ob. cit., pp. 45 y ss.; Aldo María Sandulli, Il giudizio sulle leggi, Milán, Giuffrè, 1967, pp. 40 y ss.; Nicola Occhiocupo, "La Corte costituzionale come giudice di opportunità delle legge", en Nicola Occhiocupo (coord.), La Corte costituzionale tra norma giuridica e realità sociale, Bolonia, Il Mulino, 1978, pp. 14 y ss.; para España es básico Raúl Canosa Usera, Interpretación constitucional y fórmula política, ob. cit., pp. 191 y ss.; También el trabajo de Francisco Fernández Segado, "Reflexiones en torno a la interpretación de la Constitución", en Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), Derecho Procesal Constitucional, tomo IV, México, Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Porrúa, 2003; Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, ob. cit., pp. 149-151.

60 Este principio se refleja en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español que en su Auto 60/1981, Fto. Jco. 2, ha señalado "Los preceptos constitucionales no pueden ser interpretados aisladamente y desde sí mismos, sino siempre en relación con otros preceptos y con la unidad de la propia Constitución en la que están articulados". Asimismo, en su sentencia 5/1983, Fto. Jco. 3, el Tribunal ha argumentado que "La interpretación ha de hacerse considerando la Constitución como un todo en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándolo en relación con los demás". De lo antes expuesto se desprende que la interpretación debe estar encaminada en todo momento a conservar la unidad de la Constitución como punto de partida de todo el ordenamiento jurídico.

61 Konrad Hesse, Escritos de derecho…, ob. cit., pp. 45-46.

62 Raúl Canosa Usera, Interpretación constitucional y fórmula política, ob. cit., p. 215.

63 STC 196/1987, Fto. Jco. 7.

64 Citado por Francisco Fernández Segado, Reflexiones en torno a la interpretación…, ob. cit., p. 101.

65 Javier Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, ob. cit., p. 150.

66 Idem.

67 En este mínimo descansa el máximo de seguridad que proporciona el ordenamiento jurídico del Estado. Cfr. Ibídem, pp. 150 y 151.

68 Énfasis agregado. Luis Prieto Sanchís, Ideología e interpretación jurídica, ob. cit., p. 105.


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