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LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: NATURALEZA Y ALCANCES*
CONSTITUTIONAL SUPREMACY: NATURE AND SCOPE

RECIBIDO ABRIL 15 DE 2011, APROBADO JUNIO 22 DE 2011

* Artículo vinculado a la línea de investigación de “Derecho Constitucional y Derechos Humanos” del grupo de investigación del área constitucional, Facultad de derecho, Universidad Panamericana.

MARCOS FRANCISCO DEL ROSARIO-RODRÍGUEZ
Doctor en Derecho; director de la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos humanos de la Universidad Panamericana de México; Profesor de la Universidad Panamericana de México. mrosario@mx.up.mx.

RESUMEN

La supremacía constitucional posee en su naturaleza dos vertientes que explican su funcionamiento. Por una parte está el aspecto formal, sin el cual carecería —en buena medida— de fuerza y exigibilidad. Hoy en día este aspecto se ha visto mermado, pues la supremacía del texto constitucional en aquellos sistemas donde existen bloques de constitucionalidad es compartida con otros ordenamientos, tal es el caso de los tratados internacionales de derechos humanos. Por otra parte, está el aspecto material, sustancial o axiológico, el cual expresa lo más importante que tutela una Constitución: los derechos humanos y la dignidad de la persona. Ambos aspectos son vitales para un adecuado quehacer constitucional.

PALABRAS CLAVE

Supremacía constitucional, supremacía formal, supremacía material.

ABSTRACT

Constitutional supremacy in nature has two aspects that explain its operation. On one side is the formal aspect, without which, lack-much-force and enforceability. Today this area has been undermined because the supremacy of the Constitution in those systems where there are blocks of constitutionalityis shared with other systems, such is the case of international human rights treaties. On the other hand, is the material aspect, substantial or axiological, which expresses the most important protection a constitution: human rights and dignity of the person. Both aspects are vital for proper constitutional task.

KEY WORDS

Constitutional supremacy, formal supremacy, material supremacy.

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SUMARIO: 1. NATURALEZA DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL; 1.1 LA SUPREMACÍA FORMAL; 1.1.2 RASGOS CARACTERÍSTICOS; 1.1.3 LA PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN COMO NORMA; 1.1.4 LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN COMO JERARQUÍA FORMATIVA; 2. LA SUPREMACÍA FUNDAMENTAL O MATERIAL; 2.1 LA VOLUNTAD POPULAR; 2.2 LOS VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES COMO SUSTENTO DE LA SUPREMACÍA MATERIAL DE LA CONSTITUCIÓN; 3. CONCLUSIÓN; BIBLIOGRAFÍA.

1. NATURALEZA DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL

La Constitución contiene como una de sus características más distintivas el ser suprema. Esta supremacía radica en dos vertientes esenciales: 1) la formal, y 2) la material1.

La Constitución es formal al ser una ley que, a diferencia de otras, fundamenta y ordena la validez de todo un sistema jurídico2, estableciendo un procedimiento dificultoso para su reforma, así como los criterios para la creación de otras normas. Y en otro sentido es material, ya que en la Constitución se concentran los valores y principios fundamentales que rigen a una organización político-social, los cuales solventan las necesidades vitales de justicia de sus integrantes3.

Estos valores y principios dan sustento y razón de ser al sistema constitucional, pues expresan no solo los anhelos sociales más arraigados o trascendentales para una comunidad política determinada, sino también aquellos que son universales e inherentes a la persona.

Es notorio cómo en los primeros Estados donde se instauraron constituciones como normas rectoras, los poderes públicos se encauzaron a ejercitar los contenidos básicos de la Constitución, por ser mandatos expresos de la voluntad popular y, por ende, mandatos ineludibles en su cumplimiento4.

En este sentido, las constituciones vinieron a sustituir la soberanía plenipotenciaria del monarca que actuaba ilimitadamente, sometiéndose solo a su voluntad. Con la vigencia de la Constitución como ley suprema, los actos de todo poder político dentro del Estado tuvieron que sujetarse a los contenidos y límites previstos por ella, teniendo como fin último, garantizar la libertad de los individuos5.

El proceso de constitucionalización fue dándose paulatinamente, esto es, que en algunos sistemas jurídicos, de manera simultánea a la vigencia de la Constitución, coexistieron ordenamientos que no emanaban directamente de esta, es decir, no habían surgido conforme al procedimiento y órgano legislativo establecido para su creación. Estas normas jurídicas paralelas a la Constitución procedían, por lo general, de una tradición o sistema jurídico distinto6.

La supremacía de la Constitución en su sentido formal no representa en sí los alcances de este principio, pues su cualidad como norma fundamental solo refleja su aspecto positivo y estructural, pero no aquellos en los que son necesarios imprimir cuestiones de carácter sustancial.

Si bien la consolidación de la Constitución como factor supremo se dio en la medida en que todo el sistema jurídico emergió y se adecuó a ella, también es cierto que gran parte de este proceso culminó con la legitimación de la Carta como asimiladora de valores y principios fundamentales de la sociedad7.

En los siglos XIX y XX, los sistemas jurídicos se fueron constitucionalizando en un mayor grado, edificando todo su actuar y esencia en y hacia la norma suprema. No solo en el orden de prelación como norma primaria, sino como fuente difuminadora de valores y principios de todo el sistema. Esta visión de supremacía de la Constitución es la que ha permeado en los últimos años, acentuándose durante el siglo XX, donde los derechos humanos fueron exaltados como elementos universales de eficacia y valor pleno en todo sistema jurídico8.

Hoy más que nunca se concibe a la Constitución como contenedora de valores y principios, es decir, en un aspecto material más que formal. Esto se debe a varios factores, uno de ellos —como se señaló— es el desarrollo que han tenido los derechos fundamentales en cuanto a su reconocimiento y protección, y otro, es la eminente crisis del positivismo jurídico como corriente jurídica predominante9.

La visión de la supremacía de la Constitución como ente material ha permitido la protección progresiva de principios y derechos fundamentales —aun cuando no estuviesen reconocidos explícitamente por la Ley fundamental— que han beneficiado a la sociedad en su gran mayoría. Pero dicha supremacía no puede detentarse únicamente en su materialidad, sino también en su aspecto formal, pues existen conflictos normativos que solo pueden resolverse estableciendo un orden de competencias estricto.

Como se advierte, la naturaleza de la supremacía de la Constitución no puede determinarse solo en un sentido formal o material sino, por el contrario, su naturaleza se explica a partir de los dos.

La Constitución es suprema por los valores y principios fundamentales que alberga, por esta razón es que debe contener una fuerza normativa lo suficientemente eficaz que permita el funcionamiento estructural del sistema jurídico y, de esta manera, no existan elementos que se antepongan a ella.

1.1 La supremacía formal

1.1.2 Rasgos característicos

Con la promulgación de la Constitución Norteamericana en 1787, se dio paso al constitucionalismo moderno, cuya característica principal fue el establecimiento del principio de separación de poderes, un procedimiento para la creación de leyes ordinarias y otro específico para la modificación de la Constitución (modelo de rigidez constitucional)10.

En gran medida, el fin de las constituciones norteamericana (1787) y francesa (1791) era poner límites al poder ante cualquier posible exceso o abuso en su ejercicio.

Con la aparición del constitucionalismo, las constituciones se identificaron como instrumentos limitadores del poder, integrando de forma posterior elementos esenciales como los derechos fundamentales y los medios de protección constitucional11. Al materializarse en documentos escritos y contener medios definidos para su reforma o adición, vinieron a afirmar su condición de leyes supremas formalmente hablando12.

El principio de rigidez es una consecuencia de haberle conferido a las constituciones un valor formalmente superior al resto de las normas. Esto explica el porqué las constituciones escritas poseen un procedimiento expreso para su reforma, distinto al del resto de las leyes.

El principio de rigidez permite evidenciar la supremacía de la Constitución, y no solamente por el hecho de que sea escrita13. La eficacia y la fuerza del texto constitucional como norma suprema se consolidan entre varios aspectos, ante el hecho de saberse resguardada e intangible de cualquier pretensión o intención por parte de algún órgano de poder que pretenda modificarla sin estar facultado para ello14. Por ser suprema, la Constitución posee un proceso de reforma distinto al de las leyes ordinarias. A diferencia de los esquemas flexibles (como el inglés), todo sistema rígido cuenta además con un órgano especializado en llevar a cabo la modificación de la ley fundamental. Este órgano recibe el nombre de poder revisor o constituyente permanente, y su único objetivo es —por medio de sus atribuciones— que la Constitución se vea renovada conforme a los parámetros formales previstos en ella, sin vulnerar sus límites materiales15.

La supremacía de la Constitución en su sentido formal, complementado con el principio de rigidez, garantiza cualquier tipo de manipulación o exceso por parte de algún órgano de poder, pues de no contar con un proceso distinto ejercido por un órgano especial, sería factible que de forma constante su aspecto material se viese afectado.

Un sistema en donde el proceso para la reforma de la Constitución es el mismo que se utiliza para reformar el resto de las leyes y se lleva a cabo por el órgano legislativo ordinario, no demuestra una reducción de supremacía de la Carta en su dimensión material —como el caso de Inglaterra que es un sistema eminentemente material16—, pero sí en cuanto a su dimensión formal, ya que no existe un procedimiento agravado que evidencie la superioridad del texto constitucional.

1.1.3 La primacía de la Constitución como norma

Las constituciones escritas, desde su surgimiento, al establecer las directrices generales del quehacer político y jurídico de un Estado, se erigieron como normas jurídicas supremas. Esta cualidad se debe a que las constituciones son detentadoras de las reglas que dotan de competencia a los órganos de poder para actuar, así como del proceso que debe agotarse para la creación de las leyes ordinarias17.

Hans KELSEN concebía a la Constitución como suprema por ser esta la que fundaba a todo el sistema jurídico. La norma suprema es la que establece cómo se deben crear todas las normas jurídicas del sistema. Para que estas puedan ser vigentes y válidas, deben contener otro requisito también previsto por la Constitución: señalar cuál es el órgano competente para expedirlas.

Al ser la Constitución la norma fundante, se encuentra en la cúspide del sistema jurídico. De la norma fundamente emana la validez de todo acto jurídico y, por consecuencia, existe una adecuación connatural —formalmente hablando— de dichos actos hacia ella, ya que estos se encuentran vigentes como consecuencia de los principios de validez antes mencionados pues, de lo contrario, cualquier norma jurídica que no cumpla con las formalidades previstas a nivel constitucional para su creación será considerada como inválida.

Por ende, la adecuación de los actos a la Constitución, es decir, su constitucionalidad, dependerá únicamente del cumplimiento de los procesos formales de creación normativa, pero no de la observancia de contener y respetar principios y derechos fundamentales, o de cualquier otro tipo de contenido material.

Uno de los problemas que trae consigo ubicar a la Constitución como única fuente generadora de todas las normas jurídicas es determinar si solo aquellas que emanen de esta son válidas, o bien, también aquellas que existen o pertenecen al sistema, habiendo tenido un origen distinto —ya sea total o parcialmente— al resto de las normas18.

El problema radica en que si se acepta que hay lugar para la existencia de normas que no procedan de los parámetros establecidos constitucionalmente para la validez de las normas jurídicas, conceptualizar jerárquicamente a la Constitución como fuente “suprema” única, es un tanto incierto, pues debilita de forma directa su eficacia. Al permitir la coexistencia de normas que no proceden integralmente de la norma suprema se rompe la idea del sistema jerárquico superior, pues el solo hecho de que existan normas que se apliquen dentro del sistema jurídico sin haber surgido del proceso formal de creación, demuestra que la Constitución no se erige como fuente absoluta y única de validez19, sino que la unidad y coherencia del sistema se integra a partir de las normas externas que son reconocidas como válidas al ser aplicadas por las autoridades20.

Es por eso que no es posible dejar a un lado el aspecto material de la Constitución en el proceso de validación las normas jurídicas del sistema. El aplicar un test de validación efectuando una adecuación de la norma al texto constitucional constituye, sin duda, la forma más eficaz de conocer si en realidad dicha norma es compatible con el contenido constitucional, independientemente de que su existencia haya sido derivada de un ordenamiento distinto al constitucional21.

El razonamiento kelseniano acerca de la supremacía fue adoptado por gran parte positivismo jurídico del siglo XX, pero conforme fue avanzando el posicionamiento de los derechos humanos y la dignidad del hombre, se hizo necesario validar a las normas jurídicas de forma más profunda, bajo un criterio material, y así dar respuesta a las nuevas exigencias sociales.

1.1.4 La supremacía de la Constitución como jerarquía normativa

Como consecuencia de la visión piramidal del sistema jurídico de KELSEN, en la cual la Constitución es la fuente de toda la estructura normativa, surgió la visión jerárquica del Derecho. Esto es, que toda norma jurídica se encuentra inmersa en una relación jerárquica en donde cada regla guarda un orden de prelación, tanto de forma ascendente como descendente. Bajo este parámetro, la Constitución encabeza la jerarquía normativa del sistema jurídico, siguiéndole en orden aquellas normas jurídicas que, según el valor que se les haya otorgado, poseen un rango gradualmente menor22.

Si bien a partir de Kelsen el positivismo adquirió la idea de que los sistemas jurídicos se componen de modo estructural, el concepto de jerarquía normativa per se puede llevar a confusiones, por ser una idea —como lo afirma GUASTINI— no unívoca23.

En todos los sistemas jurídicos existen múltiples formas de vinculación entre las normas, sin que haya una forma definida y única de jerarquía. GUASTINI habla de cuatro tipos de jerarquías: 1) estructurales o formales, 2) materiales, 3) lógicas y 4) axiológicas24.

En primer lugar, bajo un aspecto formal, la Constitución será norma suprema —jerárquicamente— desde momento en que se le ha conferido un poder facultado para crear normas de carácter superior: normas constitucionales, ya que es dentro de esta, donde se prevé qué órgano será el encargado de efectuar las reformas constitucionales, con independencia de que sea un sistema rígido o flexible25.

Desde un punto de vista formal, la Constitución será una norma jerárquicamente superior al tener en la escala normativa la posición más alta, evitando con ello que otra norma jurídica pudiera contradecirla26.

La Constitución posee esta condición por ser un ordenamiento soberano que califica la validez o invalidez de todas las normas. Siendo la Constitución el resultado del ejercicio soberano del poder constituyente, el cual desapareció al momento de cumplir su labor creadora, subyace como factor supremo, pues no existen poderes o normas que se le sobrepongan.

Por último, con base en la clasificación dada por GUASTINI, las normas jerárquicamente supremas también lo podrán ser, desde una perspectiva lógica y axiológica. Será lógica, cuando se reconoce a la Constitución como norma suprema, teniendo como consecuencia lógica que todo acto jurídico tienda a adecuarse a su contenido. En cambio, será axiológica, si la Constitución se ubica en el orden más alto de la estructura jerárquica, por ser detentadora de principios y derechos fundamentales27. Es un hecho que la noción de jerarquía normativa ha incidido en diversos sistemas, aunque en su mayoría se ha combinado con los diferentes tipos, trayendo consigo esquemas de índole híbrido.

En el caso de nuestro país, los criterios jurisprudenciales han sido cambiantes, predominando en mayor medida la concepción de una norma jerárquicamente suprema en su sentido formal o estructural.

Un grave error de varios sistemas jurídicos —como el nuestro— ha sido ubicar a la supremacía constitucional bajo una noción jerárquica, sin advertir que existen otros modos de distinción, como es el caso de los sistemas de competencias, integrados por diversos niveles del Gobierno avocados a determinados ámbitos materiales y territoriales.

2. LA SUPREMACÍA FUNDAMENTAL O MATERIAL

2.1 La voluntad popular

La supremacía constitucional es un concepto hasta cierto punto indeterminado, pues conlleva y deriva en varias acepciones. Para dilucidar la naturaleza del precepto se tienen que advertir, en primera instancia, los alcances del significado de supremo, y bajo qué parámetros se entiende.

El principio de supremacía surge a la par de la consolidación de la Constitución como norma rectora, aunque desde la antigüedad el sentido de esta implicaba un orden rector de carácter superior28. Es con la consolidación del constitucionalismo que el principio de supremacía viene a adherirse como un aspecto consustancial a la norma fundamental.

Se debe recordar que la función primaria de la Constitución dentro del Estado moderno fue limitar los excesos del poder político. Posteriormente, se atrajeron otras pretensiones a su fin, como el reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales, pasando por distintas fases.

Se puede afirmar que la limitación al poder político para evitar su desbordamiento en la esfera de los particulares trajo consigo el desarrollo del esquema de división de poderes, que con el tiempo se transformaría en un principio vital para el constitucionalismo.

La división de poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales han sido los rasgos esenciales del constitucionalismo moderno29. Las primeras constituciones recogieron estos factores elevándolos como objetos condicionantes de existencia de cualquier documento que pretendiese tener la calidad de ley fundamental.

Paralelamente, el principio de supremacía de forma consustancial emergió como estatus indispensable para la efectividad y permanencia de todo el sistema constitucional.

Anterior al surgimiento del constitucionalismo moderno, el monarca se erigía como el único poder soberano; con excepción de aquellos sistemas como el inglés, en el que además de la potestad del rey y del Parlamento, existían diversas clases de estamentos potestativos con plena facultad de decisión y participación en los asuntos de la res publica.

Es por eso que en los primeros documentos de carácter constitucional —las constituciones de Francia de 1791 y 1793, así como la de Cádiz de 1812— el carácter supremo de la Constitución, en sí misma, no se concebía, puesto que era incomprensible que pudiese existir un orden al que se tuviese que someter el propio monarca.

Es bajo tal circunstancia que la ley fundamental trasladó la supremacía potestativa, de la voluntad del rey, a la voluntad soberana del pueblo, consagrada en el texto constitucional.

La noción e idea de soberanía ha sido la base para el desarrollo y la construcción del Estado de derecho constitucional. No se podría concebir la potestad de los órganos públicos sino tuviesen en su competencia el reconocimiento del poder soberano representado en un primer momento por el ente creador, esto es: el poder constituyente30. El constituyente es quien recoge los valores y las ideologías31 de una sociedad determinada, siendo equiparadas a principios y valores supremos, mismos que adquieren un estatus de intangibilidad, manteniendo su supremacía gracias al Poder Revisor32, quien funge con la responsabilidad de actualizar los contenidos de la Constitución.

Lo anterior tiene su origen en la corriente contractualista, que influyó en el pensamiento político y jurídico de los siglos XVII, XVIII y XIX. El contractualismo aducía —siguiendo fundamentalmente el pensamiento de Thomas HOBBES— la existencia de un estado de naturaleza previo a toda organización político-social. Dicho estado evitaba cualquier tipo de convivencia, pues la anarquía imperaba en todos los ámbitos. En el estado de naturaleza33 los hombres pretendían imponer su derecho de apoderarse de las cosas de los demás a través de la fuerza, siendo esta la única forma de sobrevivencia, derivada de la inexistencia de un orden jurídico preestablecido. Por tal motivo, resultó conveniente la creación de una estructura en la que se delimitara las conductas de las personas, delegando las facultades de estos en un poder único y soberano.

Otros autores, como John LOCKE —siguiendo a HOBBES—, reconocían un estado de naturaleza bajo otra perspectiva al planteado por la postura hobbesiana. Para LOCKE, en su visión del estado de naturaleza, las personas vivían en un permanente peligro debido a la inseguridad generada por el entorno y sus propias debilidades, considerando así la conveniencia de permanecer unidos y organizados en sociedad34.

Cabe señalar que la figura del estado de naturaleza del hombre fue una ficción creada por la filosofía contractual para justificar la existencia del poder soberano omnímodo. Por tanto, el planteamiento dogmático de esta visión antropológica justifica la instauración de la sociedad como instrumento de convivencia y defensa para las personas, trayendo consigo que estas no estén supeditadas a pasiones y exigencias irrazonables propias del estado de naturaleza.

La teoría consensual o convencionalista de la sociedad35 inhibe la formación de una visión antropológica de la misma, ya que esta es resultado de un proceso de acuerdo de voluntades. Durante la Ilustración, el contractualismo adquiere mayor fuerza, siendo la base teórica mediante la cual se edificaron los primeros sistemas constitucionales.

La obra de Jean Jacques Rousseau de alguna forma viene a culminar la postura hobbesiana delimitando en la soberanía popular la única fuente y razón de ser del Estado. Si bien la escolástica española en la persona de Francisco Suárez había planteado que la soberanía del rey emanaba del pueblo, dada a este directamente por Dios —diluyendo la tradición del origen divino de los reyes—, la noción soberana del contractualismo —carente de cualquier componente teológico— vino a transformar el modelo político imperante, colocando como fuente original del poder soberano al pueblo, sin que le antecediera algún poderdante previo.

La corriente contractualista se materializó cuando en la Convención de Filadelfia se insertó por primera vez la idea de la soberanía popular como elemento legitimador del quehacer constituyente. El constituyente norteamericano, al advertir que no contaba con factores y elementos históricos o legítimos de poder —como en las monarquías europeas— que pudiesen justificar la elaboración de un sistema constitucional, utilizaron la justificación de que era el propio pueblo quien manifestaba su voluntad de erigirse en una forma de organización político-social determinada36.

El vocablo “We the people” (Nosotros el pueblo) utilizado en el preámbulo de la Constitución —tal y como se analizará en páginas posteriores— permitió dotar de legitimidad al nuevo orden estatal, el cual fue construido a partir de un contexto social y político en el que no se tenían vestigios de estructuras ancestrales como en Europa con la monarquía o formas mixtas como el caso de la monarquía parlamentaria inglesa37.

La Constitución de los Estados Unidos se ostentó como suprema por incorporar el consentimiento de la voluntad popular. Siendo el pueblo quien detenta la soberanía, la voluntad de este se constituyó como un auténtico mandato que se ve reflejado en la Constitución. Por tanto, bajo esta óptica, la Constitución se concibe como un documento de naturaleza contractual, que manifiesta el consentimiento popular y la forma en que el pueblo se ha decidido organizar.

La Constitución norteamericana de 1787, y posteriormente las francesas de 1791 y 1793, argumentaron ser normas supremas por emanar y ordenarse conforme a la soberanía popular.

Evidentemente, la soberanía popular es un concepto abstracto que sirvió como justificación para configurar la estructura del Estado moderno, sin la cual el desarrollo de las repúblicas y los sistemas constitucionales hubiesen carecido de toda sustentabilidad.

La imposibilidad de dotar de instrumentos que pudiesen percibir la voluntad ciudadana ha sido la razón fundamental por la que la soberanía popular ha ido debilitándose como noción rectora de los ordenamientos constitucionales. Esta dificultad proviene desde el surgimiento de la soberanía popular, en la que era evidente que el pueblo reflejaba un elemento abstracto y no tangible. La posibilidad de que el pueblo como tal pueda decidir y ejercer su potestad soberana es una acción que se antoja materialmente imposible, por lo que se tuvo que dotar a los órganos de poder como encargados de ejercer la voluntad soberana, siendo el pueblo el detentador original y permanente de la misma.

Es difícil concebir una soberanía popular como eje legitimador del sistema constitucional, sin la operación y la actuación de los órganos políticos, quienes son de facto los titulares de la soberanía38, sobre todo en aquellos sistemas constitucionales en los que existen pocos instrumentos de participación y decisión política para la ciudadanía. En la medida en que se amplíen espacios de decisión ciudadana, la idea abstracta de soberanía popular será más asequible y, de algún modo, más acorde a su naturaleza.

Ahora bien, el que la noción de soberanía haya tenido un problema de concretización, no implica que no siga siendo el sustento legitimador en el actuar de diversos órganos, en especial, de los poderes revisores, que tienen como atribución esencial la actualización de la ley fundamental, teniendo como limite la doble vertiente (material y formal) de la Constitución como ente supremo.

2.2 Los valores y principios fundamentales como sustento de la supremacía material de la Constitución

Hoy en día, el constitucionalismo no niega que la Constitución deba poseer una fuerza soberana y constituyente para nacer y subsistir, pero estos elementos, sí bien fundamentales, no son condicionantes para que prevalezca la supremacía constitucional.

Son los factores de índole axiológica y material, contenidos en la Constitución —como consecuencia de un ejercicio soberano legitimador que construyó una estructura normativa solvente y superior— los que hacen existir y permanecer al orden constitucional como factor supremo39.

Estos factores axiológicos vienen a constituir en realidad lo verdaderamente supremo, la razón de ser de la Constitución. En los orígenes del constitucionalismo —como se mencionó— esta percepción de incluir los valores fundamentales de una sociedad se entendían como aspectos adheridos e inherentes a la voluntad popular, idea que permeó a las primeras constituciones.

Derivado de los terribles y devastadores acontecimientos perpetrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como guerras posteriores suscitadas en diversas regiones del orbe, se generó una conciencia colectiva internacional en la que se pugnó por colocar a los derechos humanos como elementos fundamentales, sujetos de ser protegidos para lograr su eficacia por parte de todos los Estados. De esta forma, los derechos humanos fueron consolidándose no solo como parte integrante de los ordenamientos constitucionales, sino como parte primaria y esencial de estos40.

La tendencia cada vez mayor después de la Segunda Guerra Mundial, de crear tratados y convenciones internacionales en donde se salvaguardara integralmente la dignidad del hombre, así como de configurar jurisdicciones constitucionales en donde los derechos de los ciudadanos se vieran garantizados, transformó la visión y estructura del Derecho imperante hasta esa época41.

Anteriormente, por medio de la soberanía popular se dotó de facultades ilimitadas a los legisladores como representantes de esta para que a través de sus actos se manifestara la fuerza y plenitud de la potestad soberana.

Ante el arribo de los derechos humanos como elementos prioritarios, las atribuciones soberanas de los órganos legislativos se vieron limitadas por estos42. En la medida que los derechos fundamentales adquirieron una mayor viabilidad y vigencia, se vislumbró una verdadera potestad soberana por parte de los ciudadanos al estar inmunizados contra cualquier despropósito o abuso de poder por parte de la autoridad gubernamental o legislativa43.

Los derechos humanos de algún modo restituyeron el valor material de la Constitución, fortaleciendo su fuerza normativa y fungiendo como auténticas coordenadas para el desarrollo de los Estados. Por ello, no es posible separar o concebir a los sistemas constitucionales sin su aspecto sustancial, pero tampoco es viable pensar en principios abstractos inmaterializables, que carezcan de eficacia, precisamente por falta de la fuerza normativa.

Esta tendencia generó que los principios fundamentales44 se insertaran en los textos constitucionales o, en su defecto, si ya tenían algún tipo de normativización, fueran susceptibles de ser concretizados como exigencias constitucionales ineludibles45, a través de resoluciones jurisdiccionales, leyes definitorias o políticas públicas.

Para ZAGREBELSKY, con la incursión de los principios fundamentales (constitucionales), el derecho natural adquirió una eficacia nunca antes vista, pues durante mucho tiempo fue impensable que sus contenidos pudieran estar enmarcados en un ordenamiento positivo46.

Es en la Constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud como factores rectores, teniendo como condición que efectivamente sean fundamentales y no posiciones axiológicas relativas o momentáneas47. La Constitución impregnada y condicionada como detentora de los principios y derechos fundamentales será —como dice ZAGREBELSKY— reflejo de un orden natural48.

Ahora bien, las constituciones de procedencia democrática encuentran en la visión material un vehículo propicio para incluir y reconocer el pluralismo político y social de las sociedades actuales49. Al integrar un conjunto de valores políticos, sociales y morales, comprometen de alguna forma su irreductibilidad, pues sus alcances no se limitan al espacio normativo, haciendo a un lado los antiguos estándares de medición para las constituciones de naturaleza positiva. Los principios fundamentales generan que los contenidos constitucionales se vuelvan universales, disolviendo cualquier tipo de particularismo o prerrogativa política, social, económica o jurídica50.

Las constituciones integradas por una pluralidad de principios suelen ser complejas en su aplicación e interpretación, esto derivado de que la actividad del constituyente, al reconocer una serie de principios, no plantea los límites o moderaciones para evitar colisiones o ejercicios desproporcionados entre sí, por lo que para alcanzar su plenitud requieren de una labor de concretización y materialización constante por parte de los órganos jurisdiccionales, para de esta forma poder salvaguardar la integridad y dignidad de la persona51.

Por las características de su función, los jueces —en especial los constitucionales— son los agentes avocados para hacer efectivos los alcances de los principios constitucionales52 a través de sus valoraciones y mediciones, resultado de sus razonamientos y argumentaciones. Las constituciones, al detentar los valores y principios fundamentales, requieren de prevenciones ad norma para que sean contenidos de eficacia directa y evitar a su vez posibles conflictos entre estos al momento de su materialización53.

De algún modo el activismo jurisdiccional, en aras de hacer eficientes y de concretar los contenidos expansivos de los principios fundamentales, fortalece la supremacía constitucional, ya que evita la existencia de lagunas o espacios normativos sin aplicación y vigencia. Es por eso que, independientemente de que la Constitución albergue normas de eficacia directa o indirecta54, su aplicación y fuerza deben ser uniformes para que de esta manera la supremacía no se vea afectada y sea parcialmente eficaz.

Una Constitución principialista no solo da un fundamento más sólido a la razón de ser de la norma fundamental, sino que propicia la aplicación real de un orden más justo, aunque cabe apuntar que se requiere de la labor complementaria —como se señaló— de instrumentos alternos para la concreción de principios y valores fundamentales.

Una Constitución carente de principios puede generar estadios de injusticia desproporcionales. La Constitución no puede ser vista —únicamente— desde una óptica formal en la que no se incluyan elementos axiológicos que atemperen los actos emanados de los órganos de poder. Es indispensable garantizar no solo la competencia y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los principios fundamentales a la realidad55.

Una norma fundamental cimentada en la neutralidad o amoralidad56 no solo es imperfecta, sino que puede producir efectos negativos que mermen la dignidad e integridad de las personas, tal y como ocurrió con algunas de las constitucionales totalitarias del siglo XX.

Si bien la era de los principios en los sistemas constitucionales solventa el problema de carencia de elementos axiológicos, no garantiza plenamente la instauración permanente de un estadio de justicia. Uno de los grandes riesgos que trae consigo una carga de valores y principios dentro de los textos constitucionales es —como se mencionó— la excesiva dependencia de la labor interpretativa de los jueces constitucionales.

Esta dependencia podría producir una merma al principio de seguridad jurídica, pues problemas como el de la concreción de principios o la colisión de estos entre sí o con normas escapa del espectro de resolución de la formalidad jurídica, ubicándose en terrenos de lo abstracto, en donde el juez y sus valoraciones son lo único que prevalece. Por tanto, es conveniente que la validez formal condicione el actuar de los principios y así se pueda asegurar la seguridad jurídica en armonía con la inclusión de elementos axiológicos, los cuales servirán de ejes rectores en toda actuación jurisdiccional57.

Es por ello que ante la realidad imperante en los sistemas constitucionales, en donde la coexistencia de distintos valores y principios, así como el creciente reconocimiento —dentro de las constituciones— de la pluralidad cultural, social e ideológica, se hace indispensable dotar de instrumentos que garanticen en su totalidad la aplicación de los elementos normativos y axiológicos como límites reales al poder, en beneficio de los ciudadanos en general, sin beneficios sectoriales o mayoritarios. La Constitución, por tanto, hoy en día se asume como un ente plural, formal y contenedor de los principios y derechos fundamentales58.

3. CONCLUSIÓN

La supremacía constitucional es un principio inherente a toda forma de vida constitucional, por tanto, es indispensable advertir su dimensión real en cuanto a su naturaleza.

Hoy en día parece imposible mantener una visión formalista de la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios por seguir.

Si bien es cierto que la supremacía formal, como tal, es un concepto incompleto y casi en extinción, sobre todo con el incremento de los llamados bloques de constitucionalidad, es un hecho que el ámbito sustancial de la supremacía se ha visto fortalecido, y eso, en realidad, es lo que permite que la supremacía de la Constitución siga siendo un rasgo distintivo.

La Constitución no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que lo será en la medida que aloja elementos axiológicos que incidan en la vigencia y protección de los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia.

La naturaleza dual no conlleva una negación del principio de no contradicción sino, por el contrario, implica una dimensión real y necesaria para que los contenidos sustanciales de la Constitución se vean garantizados a través del grado de primacía que solo la supremacía en su forma óptima puede propiciar.

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1 Cfr. Mario DE LA CUEVA, Teoría de la Constitución, México, Porrúa, 2008, p. 96.

2 Cfr. Luis PRIETO SANCHÍS, Apuntes de teoría del Derecho, 2 ed., Madrid, Trotta, 2007, pp. 76- 77.

3 Cfr. Gustavo ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, 4 ed., Madrid, Trotta, 2002, p. 114- 116.

4 Cfr. Roberto L. Blanco, El valor de la Constitución, Madrid, Alianza, 2006, pp. 249- 256.

5 “El constitucionalismo moderno toma impulso en las luchas contra el absolutismo: al poder arbitrario y concentrado de los monarcas absolutos les opone la inviolabilidad de los derechos naturales del individuo. La no arbitrariedad y el no absolutismo son las características mínimas, definidas en negativo, de la noción de Estado constitucional de derecho […] En primer lugar, el poder político debe ejercerse per leges, o sea, mediante normas generales y abstractas y no mediante mandatos extemporáneos y arbitrarios. En segundo lugar, debe mantenerse sub lege, o sea en los límites formales de la ley (constitucional) que regula sus leyes y competencias. En tercer lugar, debe actuar sub iuribus, o sea, debe desarrollar sus funciones y ejercer sus competencias respetando y garantizando los derechos fundamentales del individuo, en primer lugar los derechos de libertad”.

Michelangelo BOVERO, Prefacio, en Pedro SALAZAR, La democracia constitucional. Una radiografía teórica, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 21-22.

6 Cfr. Alejandro MAYAGOITIA, “Bases Orgánicas de la República Mexicana”, 1843, en Patricia Galeana, México y sus constituciones, 2 ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 157.

7 La Constitución es un reflejo de las aspiraciones básicas de la sociedad, aunque su supremacía no solo radica en esta condición, sino en la fuerza que posee como norma jurídica de carácter superior.

8 Cfr. Humberto NOGUEIRA ALCALÁ, “La soberanía, las constituciones y los tratados”, en Miguel CARBONELL, Teoría constitucional y derechos fundamentales, México, CNDH, 2002, pp. 280- 282.

9 “En el fondo, lo que se ha producido es una distorsión de aquel modelo jerárquico tan firmemente diseñado por KELSEN: la Constitución ya no es solo la norma suprema dirigida a condicionar de forma directa la labor legislativa y aplicable por los jueces únicamente a través del tamiz de la ley, sino que es la norma suprema que pretende proyectarse sobre el conjunto de los operadores jurídicos a fin de configurar en su conjunto el orden social”; Luís PRIETO SANCHÍS, “Tribunal Constitucional y positivismo jurídico”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución, Ensayos escogidos, México, D. F., Porrúa-UNAM, 2006, p. 319.

10 Cfr. Roberto BLANCO, El valor de la Constitución, ob. cit., p. 103.

11 “Resulta una obviedad afirmar a estas alturas la decisiva aportación que para la construcción y perfeccionamiento de las modernas organizaciones políticas ha puesto la aparición y desarrollo del constitucionalismo. Así, un rápido balance histórico, habría que señalar cómo el constitucionalismo, hasta la primera posguerra, aparece fundamentalmente como instrumento de limitación y control del poder, cuyos límites establecen con precisión las nuevas Constituciones escritas; a estos efectos, incorporan los mecanismos políticos de origen inglés (evolucionando desde los que inicialmente configuran la monarquía limitada o constitucional hacia el parlamentarismo democrático) y las elaboraciones dogmáticas francesas: división de poderes, concepción absoluta de los derechos individuales y la consagración de la soberanía nacional, a cuyos representantes corresponde la elaboración del derecho como cauce por el que debe discurrir la actividad de los gobernantes”. Carlos DE CABO, “La función histórica del constitucionalismo y sus posibles transformaciones”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución, Ensayos escogidos, ob. cit., p. 45.

12 “La supremacía formal es el resultado de la condición escrita y de la rigidez de las constituciones, forma en la que quedan al abrigo de cualquier acto de los poderes estatales. Este segundo aspecto de la supremacía depende de una decisión del pueblo o de la asamblea constituyente, a diferencia del primero que deriva de la naturaleza intrínseca de las normas”. Mario DE LA CUEVA, Teoría de la Constitución, ob. cit., p. 96.

13 Cfr. Germán BIDART CAMPOS, El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, México, IIJ- UNAM, 2003, p. 48.

14 Cfr. Manuel ARAGÓN, “La Constitución como paradigma”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución, Ensayos escogidos, ob. cit., p. 111.

15 Cfr. Riccardo GUASTINI, “La Constitución como límite a la Legislación”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución, Ensayos escogidos, ob. cit., pp. 243-244.

16 Cfr. Mauricio FIORAVANTI, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2007, p. 67.

17 Cfr. Hans KELSEN, Teoría general del Estado, 2 ed., México, Ediciones Coyoacán, 2005, p. 332.

18Cfr. Riccardo GUASTINI, Distinguiendo, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 376

19 Esta situación se hace patente con la Ley de Imprenta de 1917, la cual entró en vigor antes que la Constitución promulgada en ese mismo año.

20 Cfr. Luís PRIETO SANCHÍS, Apuntes de teoría del Derecho, ob. cit., p. 119.

21 “Si aceptamos que para que una norma pertenezca al sistema tiene que o bien ser una norma primitiva o bien haber sido dictada de acuerdo con otra norma del sistema, una ley inconstitucional no es una norma del sistema jurídico por más que su obediencia sea obligatoria de acuerdo al sistema jurídico. Si hablamos de ‘validez’ o ‘existencia’ con el sentido descriptivo de pertenencia a un sistema, una ley inconstitucional es inválida o inexistente”. Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del Derecho, Barcelona, Ariel, 2003, p. 156.

22 Según una opinión muy difundida, los ordenamientos jurídicos son sistemas normativos: a) provistos de una estructura jerárquica, b) en cuyo vértice figura una norma “última” y “suprema”. Riccardo GUASTINI, Distinguiendo, ob. cit., p. 376.

23 Ídem.

24 Ibid., pp. 377-378.

25 Ibíd., p. 379.

26 Ídem.

27 Ídem.

28 “Como es bien conocido, la idea de Constitución es mucho más antigua que su concepto. Este último no surge hasta que nace el Estado Constitucional a finales del siglo XVIII; en cambio, desde la más remota antigüedad, o al menos desde el mundo griego y romano, puede detectarse la idea de que existen o deben existir en toda comunidad política un conjunto de normas superiores al derecho ordinario, cuyo objeto sería preservar la continuidad de la forma de organización que rige en esa comunidad. Esa idea, presente desde luego en los periodos de esplendor de la democracia ateniense y de la república romana, resurge en la Edad Media con base en la llamada ‘Constitución Estamental’ y continúa en la Edad Moderna a través de la noción lex fundamentalis”. Manuel Aragón, “La Constitución como paradigma”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución, Ensayos escogidos, ob. cit., p. 84.

29 Cfr. Pedro Salazar, La democracia constitucional. Una radiografía teórica, ob. cit., pp. 85- 87.

30 Cfr. Martín Carlos DE CABO, La reforma constitucional. En la perspectiva de las fuentes del Derecho, Madrid, Trotta, 2003, p. 31.

31 Cfr. Néstor Pedro SAGÜÉS, Teoría de la Constitución, Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 283-284.
32 Riccardo GUASTINI, “Sobre el concepto de Constitución”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, ob. cit., p. 105.

33 “Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y en el camino que conduce al fin (que es, principalmente, su propia conservación y a veces su delectación tan solo) tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro […] El derecho de naturaleza, lo que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin… La condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernado por su propia razón, no existiendo nada, de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de instrumento para proteger su vida contra sus enemigos”. Thomas HOBBES, Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, 2 ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2000, pp. 101, 103 y 104.

34 “[…] pero por cuanto no nos bastamos, por nosotros mismos, a suministrarnos la oportuna copia de lo necesario para una vida tal cual nuestra naturaleza la desea, esto es, adecuada a la dignidad del hombre, por ello, para obviar a esos defectos e imperfecciones en que incurrimos al vivir solos y exclusivamente para nosotros mismos, nos sentimos naturalmente inducidos a buscar la comunión y asociación con otros; tal fue la causa de que los hombres en lo antiguo se unieran a las sociedades políticas. “Pero yo, por añadidura, afirmo que todos los hombres se hallan naturalmente en aquel estado y en él permanecen hasta que, por su propio consentimiento, se hacen miembros de alguna sociedad política; y no dudo que en la secuela de esta disertación habré de dejarlo muy patente”. John LOCKE, Ensayo sobre el gobierno civil, 3 ed., México, Porrúa, 2003, p. 9.

35 Cfr. Roberto L. Blanco, El valor de la Constitución, ob. cit., p. 49.

36 “Esa imputación puede ser simplemente normativa, en el sentido de que el acto constituyente y la constitución valen jurídicamente como si fueran realizadas por el pueblo, o también existencial, si se afirma que es el pueblo mismo quien está actuando como sujeto constituyente, o que él desea y quiere de hecho aquello que ha decidido quien actuó como elaborador de la constitución”. Néstor Pedro SAGÜÉS, Teoría de la Constitución, ob. cit., p. 284.

37 Cfr. Roberto L. BLANCO, El valor de la Constitución, ob. cit., pp. 111- 113.

38 Cfr. Felipe TENA RAMÍREZ, Derecho Constitucional Mexicano, México, D.F., Porrúa, 2004, pp. 9-12.

39 “La plenitud del principio de supremacía incita a repetir que toda constitución —si es debe operar realmente desde y con esa misma supremacía— necesita desplegar la fuerza normativa en todas sus partes, para lograr lo que el principio de supremacía ha pretendido señalar: el cumplimiento, la eficacia, la aplicación de la constitución, y la fidelidad a ella mediante su acatamiento”. Germán BIDART Campos, El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, ob. cit., p. 11.

40 “La limitación material del poder, esto es, los derechos fundamentales, aparecen, así, desde el nacimiento mismo del Estado constitucional, como el núcleo del concepto de Constitución”; Manuel ARAGÓN, “La Constitución como paradigma”, ob. cit., p. 111.

41 Cfr. Rodolfo L. Vigo, “Constitucionalización y neoconstitucionalismo: algunos riesgos y algunas prevenciones”, en Marcos DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, Supremacía Constitucional, México, Porrúa, 2009, p. 216.

42 Ídem.

43 Y como resulta que solo un pueblo libre (compuesto por ciudadanos libres) puede ser soberano (hacia el interior, por supuesto, ya que hablamos de soberanía en el derecho constitucional, no en el derecho internacional) es asegurando los derechos fundamentales como límites frente al poder de los gobernantes y, en definitiva, frente a la capacidad normativa del legislador.

44 “Los principios expresan la idea de optimización, lo cual puede sintetizarse en la fórmula corta de que los principios son mandatos de optimización y de este modo se diferencian fundamentalmente de las reglas”. Robert Alexy, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogotá, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 94.

45 Cfr. Gustavo ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, 4 ed., Madrid, Trotta, 2002, p. 114.

46 Ídem.

47 “Pero lo importante para nuestro tema no es que la Constitución propugne fines en alianza con los principios y valores, porque todo régimen constitucional, por injusto que sea, lo hace del mismo modo. Lo importante es presuponer que, en un estado democrático, su constitución no opta por cualesquiera fines y valores, sino por lo que son condignos con el personalismo humanista”; Germán BIDART CAMPOS, El derecho de la Constitución y su fuerza normativa, ob. cit., p. 120.

48 Ídem.

49 Ibíd., p. 147.

50 Cfr. Gustavo ZAGREBELSKY, Historia y Constitución, Madrid, Trotta, 2005, pp. 85-86.

51 “La actividad de concreción de los principios es una actividad positiva, que consiste en establecer nuevas normas conformes con el principio, en relación con los casos particulares en que puede ser invocado el principio. Así, por ejemplo, el principio del derecho de defensa con el proceso resulta operativo solo en el ámbito de las particulares estructuras procesales determinadas por el legislador”. Gustav ZAGREBELSKY, “La Constitución y sus normas”, en Miguel CARBONELL, Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos, ob. cit., p. 84.

52 Cfr. ARAGÓN, Manuel, Constitución, Democracia y control, México, Ed. IIJ- UNAM, 2002, pp. 163-169.

53 Gustavo ZAGREBELSKY, Historia y Constitución, ob. cit., p. 86.

54 “La Constitución es fuente del Derecho: más aún, es la máxima entre las fuentes del Derecho. Eso significa que debe reconocérsele eficacia inmediata y directa, en conformidad con los fines que se propone. Esta afirmación, válida en líneas generales, debe ser valorada en relación con las diversas categorías en que pueden subdividirse las normas de la Constitución. Si bien todas deben ser entendidas magis ut valeant, de modo consiguiente a su carácter fundamental, no todas poseen el mismo valor. En particular, hay que tener presente una distinción esencial entre normas de eficacia indirecta y normas de eficacia directa. Las primeras son aquellas idóneas de por sí (directamente) para regular situaciones concretas; las segundas son las que necesitan ser actuadas o concretadas a través de una posterior actividad normativa”. Gustavo ZAGREBELSKY, La Constitución y sus normas, ob. cit., p. 79.

55 “El inconveniente de la norma fundamental limitada al Derecho promulgado conforme al ordenamiento y socialmente eficaz reside en que ya no es más un criterio supremo completo de identificación del Derecho. Este papel no le puede ser devuelto en un sentido pleno sino limitado. A tal fin, hay que introducirle cláusulas que tomen en cuenta el argumento de la injusticia y el de los principios. Aquí habrá de interesar solo el argumento de los principios. Si se incorpora el resultado de este argumento en la norma fundamental, surge entonces una norma fundamental no positivista que tiene la siguiente estructura: Si una Constitución ha sido realmente promulgada y es socialmente eficaz, entonces está ordenado jurídicamente comportarse de acuerdo con esta Constitución, tal como corresponde a la pretensión de corrección”. Robert ALEXY, El concepto y la validez del derecho, 2 ed., Barcelona, Gedisa, 2004, p. 104.

56 “Según KELSEN, la norma fundamental es completamente neutral por lo que respecta a su contenido […] Esto contradice el argumento de la injusticia según el cual normas extremadamente injustas no pueden tener el carácter de normas jurídicas. Sin embargo, esto tampoco destruye la idea de una norma fundamental. Se puede introducir en la formulación de la norma fundamental una cláusula que tome en cuenta el argumento de la injusticia”, ibíd., p. 105.

57 “Esta formulación muestra que una norma fundamental no positivista sirve solo limitadamente para la identificación del derecho. La cláusula ‘tal como corresponde a la pretensión de corrección’ remite a pautas morales sin mencionarlas y sin indicar un criterio con cuya ayuda podrían ser identificadas inequívocamente. Esta apertura es inevitable. Puede ser aceptada solo porque existen reglas del método jurídico que excluyen que la apertura conduzca a la arbitrariedad. Estas reglas impiden, especialmente, que las normas promulgadas y eficaces puedan ser desplazadas arbitrariamente invocando la pretensión de la corrección. Esto deben hacerlo porque la seguridad jurídica es un elemento esencial de la corrección jurídica”, ibíd., p. 104.

58 “Lo que ya resulta hoy un lugar común, en el pensamiento jurídico (y político) más solvente, es que la Constitución es norma jurídica suprema, jurisdiccionalmente aplicable, que garantiza la limitación del poder para asegurar que éste, en cuanto deriva del pueblo, no se imponga inexorablemente sobre la condición libre de los propios ciudadanos. Es decir, la Constitución no es otra cosa que la juridificación de la democracia, y así debe ser entendida”; Manuel ARAGÓN, “La Constitución como paradigma”, ob. cit., p. 113.

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