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Artículo
Héctor Jiménez-Esclusa 1
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0000-0003-3081-6847. Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Venezuela. 04-84056@usb.ve
Recibido: 29/04/2021
Envío a pares: 13/05/2021
Aprobado por pares: 03/09/2021
Aceptado: 10/09/2021
Para citar este artículo / To reference this article / Para citar este artigo: Héctor Jiménez-Esclusa, "Sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, corrupción y derecho al voto en Estados Unidos", en Díkaion 30, 2 (2021), 373-399. DOI: https://doi.org/10.5294/dika.2021.30.2.3
Resumen
En este artículo se estudia la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission (Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales), dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos como mecanismo de legalización de la influencia irrestricta del financiamiento privado en la política estadounidense. La hipótesis aquí es que esta modificación institucional legaliza, a su vez, una forma de corrupción política que se evidencia en la actual legislación restrictiva del voto. Se presentará un marco referencial en el que se definirán los conceptos que articulan el análisis. Luego, se hará una descripción de los antecedentes y el contexto de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission; en seguida, se realizará un análisis de la sentencia, para pasar luego al repaso de dos de sus consecuencias: la primera es la influencia del dinero negro (donaciones anónimas) tanto en las campañas como en la selección de jueces, y la siguiente es la exposición de la influencia del financiamiento privado ilimitado de las campañas en la legislación restrictiva actual del voto.
Palabras clave: Grupos de interés; lobistas; corrupción; democracia; Scotus; sentencia Citizens United.
Abstract
This article studies the Citizens United v. Federal Election Commission ruling issued by the Scotus as a mechanism to legalize advocacy groups' unrestrictive influence on United States politics. The hypothesis here entails that the judiciary has legalized a corrupt practice reflected in restrictive voting legislation pushed forward by the Republican Party. The article first crafts a frame of reference to display definitions, then describes the background and context of the decision itself, and finally, considers the last two outcomes of the ruling: dark money rising influence on US politics and advocacy groups' unlimited influence on currently restrictive voting legislation.
Keywords: Advocacy groups; lobbyists; corruption; democracy; Scotus; Citizens United ruling.
Resumo
Neste artigo, a sentença Cidadãos Unidos versus a Comissão de Eleições Federais (Citizens United v. Federal Election Commission), proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América em 2010, é estudada como um mecanismo para legalizar a influência irrestrita do financiamento privado na política americana. Levanta-se a hipótese de que essa modificação institucional, por sua vez, legaliza uma forma de corrupção política que é evidenciada na atual legislação de voto restritivo. Para dar seguimento ao estudo proposto, é apresentado um quadro referencial no qual são definidos os conceitos que articulam a análise. Em seguida, no desenvolvimento do artigo, são descritos os antecedentes e o contexto da sentença, para então passar a analisar duas de suas consequências: a primera é a influência do black money (doações anônimas) tanto nas campanhas quanto na seleção dos juízes, e a segunda é a exposição da influência do financiamento privado ilimitado das campanhas na legislação eleitoral restritiva em vigor.
Palavras-chave: Grupos de interesse; lobistas; corrupção; democracia; Scotus; Sentença Citizens United.
We can have democracy in this
country, or we can
have great wealth
concentrated in the hands of a few,
but we can't have
both.
Louis Brandeis
Sumario:
Introducción.
1. Antecedentes y contexto de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission.
2. Análisis de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission
3. El dinero negro y la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission.
4. El financiamiento ilimitado de los grupos de interés y las restricciones al voto.
Conclusiones.
Bibliografía.
En este artículo se estudia la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission (Ciudadanos Unidos contra la Comisión de Elecciones Federales), dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2010,1 como mecanismo de legalización de la influencia irrestricta del financiamiento privado en la política estadounidense. La hipótesis aquí es que esta modificación institucional legaliza, a su vez, una forma de corrupción política que se evidencia, entre otros, en la actual legislación restrictiva del voto.
Para llevar a cabo el estudio planteado, primero se presentará un marco referencial en el que se definirán los conceptos que articulan el análisis. Luego, se hará una descripción de los antecedentes y el contexto de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, se realizará un análisis de la sentencia para, finalmente, hacer un repaso de dos de sus consecuencias: por un lado, la influencia del dinero negro (donaciones anónimas) tanto en las campañas como en la selección de jueces -incluidos los de la Supreme Court of the United States (scoTus)- y, por otro, la exposición de la influencia del financiamiento privado ilimitado de las campañas en la actual legislación restrictiva del voto. Se considera que, a pesar de la abundancia de trabajos sobre este tema, que será abordada a continuación, es relevante porque relaciona los efectos de la sentencia con la legislación que limita el derecho al voto aprobada en algunos estados de la unión controlados por el Partido Republicano, luego de la elección presidencial de 2020.
El marco referencial forzosamente debe iniciar con la definición de corrupción. En este trabajo se sigue una definición de corrupción política que resulta de la integración de las siguientes características: a) una concepción de la función pública definida parcialmente en términos de un amplio interés público que puede colidir con el interés de quien ejerce tal función; b) una definición que involucra la distorsión del ejercicio de la función pública a favor de intereses particulares más que el interés público; c) la idea de que hay tres actores normalmente involucrados o afectados por la corrupción: quien ocupa el cargo público, el beneficiario que se tuvo en mente cuando se diseñó el cargo y el beneficiario real del ejercicio particular de este.2
La sentencia Citizens United v. Federal Election Commission abre una posibilidad a la corrupción, pero no es un acto de corrupción en sí misma. Esto, por la influencia que la sentencia permite a los lobistas.3
Por otra parte, Philp también dedica un aparte de su capítulo a explicar la importancia del contexto cuando se intenta calificar como corrupto un acto en el que actuarían los tres tipos de individuos mencionados en el concepto.4 Sin embargo, esta configuración no está presente en todos los casos de corrupción, lo cual lleva a la confusión sobre cómo caracterizarlos.
En una de las formas más comunes en la que se percibe la corrupción se tiende a imaginar un sujeto privado que soborna a un político a cambio de un servicio/ beneficio que de otra manera no obtendría. Es una forma de comprar una influencia ilegal. Para evitarlo estarían las leyes anticorrupción y la misma percepción pública que sanciona a los que participan en esa práctica. Pero en la forma en la que se le interpreta aquí, esta sentencia hace legal una influencia que no lo es originalmente y que continúa siendo ilegítima luego de la sentencia, lo que hace irrelevante el orden jurídico anticorrupción. Además, hace que una práctica corrupta deje de ser considerada como tal gracias al positivismo jurídico.
Como lo explica Vergara, el concepto actual de corrupción política no permite todavía medir con exactitud su estructura de capas porque permanece ciego al papel que juegan las instituciones en alimentar la corrupción a través de su funcionamiento normal. Este concepto incompleto, incluso cuando se usa en investigación cuantitativa, falla en captar la corrupción sistémica.5 A la deficiencia conceptual debe agregársele la deficiencia jurídica que reduce aún más el alcance de la definición de corrupción, pero no su práctica o sus efectos.
Vergara continúa explicando que la estrechez del concepto de corrupción política se debe a que es individualista y jurídicamente positivista, una exigencia de las ciencias sociales que requieren un concepto que permita realizar mediciones, por lo que debe poseer un mínimo de características mensurables. En este caso, actos ilegales como sobornos, fraudes o nepotismo, que involucren cargos públicos, aunque se excluyan otras manifestaciones tan o más corruptas que esas.6
La otra reducción del concepto opera cuando la definición se limita a lo jurídico. Aunque no hay otra forma de perseguirla penalmente sino estableciendo tipos jurídicos, la corrupción es mucho más que un tipo penal. Vergara amplía la crítica de una definición de corrupción que sea solo jurídica al achacarle una condición moralmente relativista y jurídicamente positivista porque no considera un estándar independiente -ético o político- para evaluar la ley, lo que termina por legalizar los más prominentes medios para ejercer la corrupción.7
El factor clave es que el robo del funcionario se considera corrupto cuando distorsiona la forma en la que se ejerce el poder para su propio beneficio.8 El robo prosaico de un empleado público no deja de ser un robo; pero, al menos para Philp, no distorsiona el ejercicio del poder en su sociedad. Esta es la dimensión más importante del concepto de corrupción.
1. Antecedentes y contexto de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission
En este apartado se desarrollará una descripción de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission cuyo contexto es la campaña electoral en las presidenciales de 2008. La decisión estuvo a cargo del juez Anthony Kennedy, cuya ponencia fue apoyada por la mayoría de la Corte en enero de 2010.
El núcleo de la decisión de la Corte es una defensa de la primera enmienda de la Constitución estadounidense que, en su opinión, impide limitar las donaciones de empresas y sindicatos.
El antecedente del caso es una demanda en tribunales inferiores que cuestionaba partes de la Ley McCain-Feingold (Bipartisan Campaign Reform Act) de 20029 que hacía ilegal la transmisión de propaganda política financiada por corporaciones dentro de los treinta días anteriores a una elección primaria.
En este caso, la propaganda era una película de 90 minutos de una corporación conservadora sin fines de lucro, Citizens United, contra Hilary Clinton justo dentro de los 30 días anteriores a las primarias de 2008, para ser transmitida en televisión por cable, pero cuya promoción también alcanzaba la televisión de señal abierta, cines y DVD.
Jurisprudencialmente, el aspecto más relevante de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission es que cambió el criterio de la Corte (sentencias Austin v. Michigan Chamber of Commerce de 1990 y parcialmente la McConnell v. FEC de 2003) que limitaba las donaciones de las corporaciones a los denominados Political Action Committees (PAC) (comités de acción política) y grupos de interés (advocacy groups), prohibiendo que su dinero se usase en apoyo expreso de un candidato o en comunicaciones de campañas electorales (esta última es una categoría más bien temporal: la ley solo prohibía hacerlo dentro de los 30 días anteriores a una elección primaria o dentro de los 60 días previos a una elección general).
Uno de los demandantes en el último caso fue el senador republicano por el estado de Kentucky, Mitch McConnell, el líder de la mayoría entre 2015 y 2021, cuyo poder se deriva en buena medida de su capacidad para recaudar fondos de corporaciones para campañas políticas. Como era previsible, esta decisión fue seguida por otras similares entre las cuales destaca la McCutcheon v. FEC de 2014.
La sentencia Citizens United v. Federal Election Commission se refiere solo al dinero que no va directamente a un candidato, sino a comités de su partido o a los PAC -lo que se denomina "soft money" contribution, en oposición al dinero que va directamente a un candidato, que sí está limitado, y que solo puede provenir de PAC y no de corporaciones, al que se llama "hard money" contribution-.
Sin embargo, como corolario de la sentencia hay que indicar que tanto el Partido Demócrata como el Republicano han diseñado mecanismos para sobrepasar legalmente incluso estos límites. Esto lo inició el Partido Demócrata en la elección presidencial de 2016, y lo siguió el Partido Republicano en la campaña de 2020 con una variante -transferencias no notificadas a la contabilidad del Comité Nacional Republicano y PAC a los comités estatales del partido que sirven para superar el límite- que ha atraído la atención de la Federal Election Commission (FEC).10
La configuración de la Corte Suprema que emitió la sentencia era la de la mayoría conservadora, de seis jueces de esa tendencia (Roberts, Stevens, Scalia, Kennedy, Thomas y Alito) contra tres magistrados liberales (Bader Ginzburg, Breyer y Sotomayor). La decisión se tomó 5 a 4 gracias al disenso del juez Thomas. Esta es la llamada Roberts Court que, como se sabe, es como se denomina el período a partir de 2005 en el que el juez John Roberts la ha presidido. A esta Corte se le considera la más conservadora de los últimos 80 años. Hasta la inclusión de la jueza Coney Barret, Roberts ejercía como el centro ideológico de la Corte.
Por su parte, su configuración a partir de la muerte del juez Antonin Scalia exige un comentario aquí. Scalia murió a principios de 2016, el último año de mandato del presidente Obama, quien nominó al juez de la Corte de Apelaciones de Washington, DC, Merrick Garland, para sustituir a Scalia. Pero el nombramiento enfrentó el obstruccionismo del entonces líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien, con la excusa inédita, ajena a la tradición legal del país, de que el nuevo magistrado debía ser nombrado por el presidente que surgiese de la elección en noviembre, impidió la confirmación de Garland.
La obstrucción que impidió la confirmación de Garland fue una respuesta a la llamada opción nuclear con la que el entonces líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, terminó momentáneamente con el filibusterismo republicano en noviembre de 2013. McConnell, ahora como líder de la minoría, amenazaría en marzo de 2021 con tierra arrasada, o el uso irrestricto del filibusterismo, para obstruir toda nominación hecha por el presidente Biden y todo proyecto de ley demócrata si se usaba la opción nuclear para aprobar la For the People Act. Cuatro años después, luego de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, McConnell se contradijo y permitió que Coney Barret fuese confirmada incluso faltando menos tiempo para que fuese electo un nuevo presidente del que faltaba en 2016.
Este excurso sobre la conformación actual de la Corte Suprema es necesario por dos motivos: el primero, porque el enfoque de este trabajo es institucional, tiene que ver con las reglas y quienes las ejecutan dentro de una sociedad, por lo que el árbitro judicial es especialmente relevante; y segundo, porque una Corte tan escorada a la derecha hace presumir que casos similares serían decididos siguiendo el precedente legal de Citizens United v. Federal Election Commission.11
2. Análisis de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission
Una vez repasados los antecedentes y el contexto del caso se analizarán los argumentos del juez Kennedy. Lo que se le pedía a la Corte en 2008 era la interpretación de la Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) -lo que se denomina en inglés statutory interpretation-, y que consiste en, luego de haber interpretado una ley, aplicarla. Pero los jueces decidieron modificar la naturaleza del caso e inquirir sobre si podía justificarse del todo la prohibición legal al financiamiento corporativo de las elecciones. De hecho, la Corte pidió a los abogados de las partes nuevos informes con argumentos sobre la constitucionalidad de los límites de financiamiento electoral corporativo, pero sin permitir investigación alguna sobre los nuevos hechos que este cambio representaba.12
El argumento de Citizens United, como demandante, era que la potestad del Congreso para impedir la corrupción en las elecciones se limitaba a castigar sobornos explícitos. Toda otra práctica no debía considerarse corrupción. El juez Kennedy adoptó el argumento de Citizens United en su decisión.13
El citado Teachout disecciona el argumento tras la decisión. En él, la Corte, para proteger la primera enmienda, no discrimina la cualidad de quien emite el mensaje garantizado por la enmienda: no importa si es una corporación con la capacidad de modificar una política pública gastando apenas un porcentaje ínfimo de sus ganancias en cabildeo o un ciudadano anónimo cuyas opiniones no serán recogidas nunca por medios masivos.
Al hacerlo, la Corte redefinió el concepto de corrupción limitándolo, al menos en el nivel federal, únicamente a la corrupción quid pro quo que solo existe cuando hay ejemplos directos de intercambio de votos por financiamiento.
(El que la Corte considere el quid pro quo un mecanismo de corrupción es tan reciente como 2007 y la relación del término con la corrupción en general se remonta a legislación de los años setenta del siglo pasado.)
Así, la influencia indebida sobre un cargo público dejó de ser considerada corrupción; ahora sería una tercera esfera entre la corrupción y la responsabilidad cívica, sobre la que el Congreso no tiene potestad. Porque por definición no hay corrupción en los intentos de los donantes por incidir en las campañas con sus contribuciones en dinero, salvo que hayan sido hechas crasamente con esa finalidad.14 Esta influencia -en una inversión del lenguaje-, se trastoca en responsabilidad cívica ejercida por asociaciones de ciudadanos que es como la sentencia define a las corporaciones.
Así, jurídicamente se equiparan ciudadanos y corporaciones. Teachout indica que tal premisa es consecuencia parcial de la confusión actual entre corporaciones y prensa.15 Es por medio de corporaciones, como Facebook o Twitter, que la sociedad estadounidense -obviamente también la mundial- se informa y ya no se entiende la esfera pública sin ellas, pero aun así estas compañías no son medios de comunicación. Son relevantes porque generan discurso público, uno que atiende a sus intereses y no los de la comunidad política. La distinción es vital. Más aún, hay una falencia adicional: no todas las corporaciones que inciden en el discurso público se centran en la información.
Ahora bien, el principal argumento doctrinario que la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission contradice es el contenido en la decisión Buckley v. Valeo de 1976 en la que la Corte Suprema usó el concepto de apariencia de corrupción para fijar el interés del gobierno en mantener la confianza pública en el sistema democrático.16 Esta observación permite exponer las dos posturas sobre el financiamiento privado a las campañas electorales: la libertaria y la igualitaria. La misma Dawood hace el resumen de ambas. El razonamiento tras la primera es que como la gente manifiesta ideas donando dinero a los candidatos y partidos que apoyan sus puntos de vista, el Estado restringe la libertad de expresión al imponer límites al financiamiento.17
Como se habrá advertido, en ese razonamiento se esconde la premisa de que el dinero se equipara con la libertad de expresión. Contra ella es que se erige la aproximación igualitaria, para la que el Estado debe intervenir, limitando las donaciones privadas, a fin de evitar que los ricos monopolicen el discurso político.18 De permitirse tal monopolio, la inequidad económica cimentaría una inequidad política. O, como se sostiene en este trabajo, la inequidad económica ejercería una influencia corrupta en la política. En mor de la honestidad intelectual hay que citar a la misma Dawood cuando lista, como argumento a favor de la desregulación de las donaciones privadas, el hecho de que limitarlas puede beneficiar a los candidatos a la reelección a quienes el cargo les permite acceso gratis a recursos con los que no cuentan los candidatos contrincantes.19
El estado de cosas luego de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission encaja en la dificultad para caracterizar la influencia como corrupción. Sin duda alguna, la capacidad de distorsionar el poder está presente en las posibilidades que abre la decisión.
Kuhner se refiere a la influencia del dinero en las elecciones como la falla del Estado de derecho estadounidense que ha fracasado históricamente en evitar el gobierno plutocrático.20 Sin embargo, hay que mencionar que el mismo autor indica que la plutocracia, una configuración que ha estado presente desde la revolución, no es un síntoma de actividad criminal.21
La dificultad, se reitera, está en caracterizar, sin ambages, el financiamiento electoral irrestricto de las corporaciones como una forma corrupta de hacer política. Esta dificultad se salva, en parte, asumiendo que el robo o el soborno en dinero no son las formas por antonomasia de la corrupción, es decir, la corrupción es más amplia que cualquier forma de cleptocracia, por más severa que sea.
Esa amplitud se deriva de que la corrupción es parcialmente normativa, como bien escribe el ya citado Philp,22 aunque la verdad es que él solo recoge un acuerdo de buena parte de la literatura sobre el tema. Sin embargo, lo relevante en este trabajo no es que esta premisa haya sido aceptada más o menos pacíficamente por la bibliografía, sino que permite explicar cómo el financiamiento irrestricto de las corporaciones en las campañas políticas estadounidenses -en realidad en cualquier lugar- se erige en una forma de corrupción.
El que la corrupción tenga un componente normativo alude a que se la define en parte como un comportamiento que se aparta de la finalidad de la comunidad política; uno que en realidad no es definido enteramente por ninguna legislación; pero más aún; cuando se suprime esa noción subyacente de desviación de un mínimo estándar ético, el término pierde su brújula cognitiva y moral.23
En el caso que nos ocupa, ese estándar ético sería el convencimiento sobre lo profundamente antidemocrático que es permitir la influencia irrestricta de las corporaciones sobre los candidatos por ocupar cargos públicos. Permitirla es equivalente a privatizar el gobierno, y, retomando la exposición de Kuhner, aunque la privatización del gobierno es un aspecto definitorio de la modernidad, también es una de las formas más antiguas de corrupción.24 De esta manera, se tiene el enlace que parecía faltar para completar la descripción del financiamiento irrestricto de los grupos de interés a las campañas electorales estadounidenses como una forma de corrupción.
Volviendo a la sentencia Buckley v. Valeo, su motivación para decidir fue que si bien las restricciones al financiamiento privado de la política constituyen una limitación de la primera enmienda; tales restricciones están justificadas en aras de prevenir la corrupción y la apariencia de corrupción. Específicamente, el sistema electoral debía estar protegido de los intercambios quid pro quo en los que los donantes ofrecen dinero a los cargos políticos en intercambio por favores políticos, pero no solo de ellos, sino de todo aquello que, por medio de una influencia indebida, tuviese la apariencia de corrupción.25
Otro argumento jurídico, pero esta vez contenido en la sentencia FEC v. Massachusetts Citizens for Life de 1986, define la corrupción como una distorsión que hace que el poder económico de las corporaciones imponga sus ideas, aunque estas carezcan del apoyo ciudadano.26 Estos conceptos han sido desarrollados por la literatura, y han modificado el alcance de la definición de corrupción, que ya no se agota en el soborno.
Para cerrar este análisis se debe prestar atención a que, en opinión de Teachout, los padres fundadores objetarían los argumentos de la sentencia, porque si bien es un error equiparar acceso a los políticos con corrupción, también es un error negar que ese acceso conduzca a la corrupción. Por otra parte, el favoritismo en política es inevitable, pero por ello una democracia no debería dejar de intentar limitarlo. Se tiene por lógico que un financista quiera que el candidato que ayudó a ganar les dé respuestas a sus peticiones, pero no debe tenerse tal deseo por legítimo, aunque sea legal. Por último, sí, la democracia descansa sobre la premisa de la participación, de la responsabilidad cívica, pero la participación de una corporación no tiene punto de comparación con la de un elector común y corriente.27
3. El dinero negro y la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission
Hay un aspecto relevante en la motivación de la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission que ilustra sobre el ataque al consenso alrededor de los fines de la comunidad política que constituye la corrupción. Como se mencionó, el principal argumento jurídico de la decisión es que restringir donaciones privadas a campañas electorales es inconstitucional porque viola la libertad de expresión.
Es necesario indicar que en Estados Unidos hay financiamiento público a las campañas presidenciales (también lo tienen algunos estados federales). Varias decisiones judiciales han determinado que de usarlo, un candidato tiene restringidas las donaciones privadas. Como el financiamiento público no alcanza, la mayoría de los candidatos renuncia a él para basar sus campañas exclusivamente en las donaciones privadas. Estas, además, no provienen solo de corporaciones o grupos de interés, también hay donaciones individuales.
Pero lo cierto es que los grupos de interés procuran por todos los medios que no sean conocidos sus miembros, quienes los financian o por cuánto (de ahí que se le denomine dinero negro, o dark money, a este dinero), algo a lo que obliga la Federal Election Campaign Act hoy, pero que también es una obligación impuesta por las leyes que la antecedieron en el siglo XX. Esto tiene múltiples razones entre las que resalta evitar ataques de odio o la reacción de consumidores.
Una parte poco comentada de la decisión Citizens United v. Federal Election Commission contempla un refuerzo de las denominadas leyes de divulgación (disclosure laws) que obligan precisamente a que se hagan públicos estos datos (esto ya era un mandato judicial desde la sentencia Burroughs v. United States de 1934, entre otras), a las que solo se opuso el juez Clarence Thomas en una parte de la decisión que fue votada 8 a 1.28 Aunque sin determinar si el rigor de los requerimientos de divulgación es el mismo en el caso de los grupos que apoyan candidatos y de aquellos que apoyan referendos por ejemplo (sobre este último caso véase la sentencia Doe v. Reed de 2010).
Hay que indicar, sin embargo, que las campañas electorales de ambos partidos recurren de manera determinante a donantes anónimos. Aun así, el dinero negro no es la fuente más importante de fondos para las campañas, y los candidatos y sus comités tienen prohibido por ley coordinar con las organizaciones sin fines de lucro (los sujetos tributarios 501 (c)(4) y 527 del código tributario estadounidense, que actúan como verdaderos partidos políticos en la sombra y que canalizan buena parte del dark money) una estrategia de gastos. De ambos, solo el Partido Demócrata impulsa leyes que cortarían esta forma de financiamiento.
Sin embargo, esto último debe ser matizado. La mayor parte del dinero negro iba a candidatos e iniciativas conservadoras, hasta que en 2020 el dinero negro que financió al Partido Demócrata superó al del Partido Republicano durante la campaña presidencial,29 alcanzando los 145 millones de dólares contra los 28,4 millones de este. Los grupos de interés que dependían mayor o totalmente de dinero negro empezaron a gastar justo cuando la campaña de Biden enfrentaba dificultades para recaudar durante las primarias.30
A los fines de este trabajo, y en relación con lo anterior, es necesario mencionar el esquema de financiamiento de la campaña electoral del entonces presidente Trump en 2020 (aunque este caso se refiere a hard money por lo que sí está limitado). Las donaciones en línea a su campaña fueron procesadas por una compañía con fines de lucro (WinRed, que alegó que solo copiaba la práctica estándar de su equivalente demócrata, ActBlue, que no tiene fines de lucro) que programó por defecto, sin advertirlo a los donantes, pagos automáticos semanales luego de la primera donación, a partir de septiembre (un momento en el que la recaudación de la campaña Biden superaba a la de Trump significativamente) y hasta el día de la elección (desde marzo los pagos automáticos habían tenido una frecuencia mensual). WinRed dificultó cancelar estas donaciones automáticas a medida que se acercaba la elección, lo que resultó en múltiples quejas por fraude bancario. Trump se vio en la obligación de usar parte del dinero que había recaudado luego de la elección, alegando que sería utilizado para pagar los gastos legales de su intento de revertir en los tribunales el resultado de la elección que él considera fraudulenta, en reembolsos que alcanzaron los 64 millones de dólares. La práctica se repetiría a escala durante la elección parcial al Senado de enero de 2021 y en la nueva operación proselitista que el mismo Trump puso en marcha en febrero de ese año por medio de su propio PAC, Save America, para el que pedía que los donantes enviasen dinero en detrimento del Comité Nacional Republicano.31
En marzo de 2021 Building Back Together,32 un grupo de interés creado el mes anterior bajo la forma de una organización sin fines de lucro, con la intención de promocionar la agenda de la administración Biden en sus primeros 100 días de gobierno, declaró que no establecería límites a las donaciones que recaudase, ni siquiera las de los donantes individuales, pero además que tampoco revelaría la identidad de ninguno de sus donantes. Sin embargo, al mismo tiempo declaró que no recibiría dinero de corporaciones con fines de lucro o de sus PAC, tampoco de empresas energéticas de combustibles fósiles, de extranjeros o de cabildeadores; y que dejaría a los donantes individuales la potestad de hacer públicas sus identidades.
Como estaría enfocado en políticas públicas y no en elecciones, este grupo de interés (que no sería supervisado por la Casa Blanca, aunque algunos de sus funcionarios de alta jerarquía participaron inicialmente en su organización) intentaría eliminar conflictos con el Partido Demócrata. (Biden prometió, durante su campaña, que su partido legislaría para prohibir las donaciones electorales de los grupos de interés que adoptan la forma de organizaciones sin fines de lucro, además de obligar a registrarse ante la FEC, y hacer públicas las identidades de sus donantes, a cualquier ente que donase más de 10 mil dólares a las campañas33.)
Un aspecto particularmente relevante es que la influencia del dark money se extiende más allá de los cargos electos, hasta alcanzar los nombramientos de los jueces que integran las cortes federales, incluso antes del nombramiento de Amy Coney Barrett, según un testimonio experto del Center for Media Democracy ante el Comité Judicial del Congreso de marzo de 2021. En él se registraba que, entre 2011 y 2021, redes de dinero negro habían usado 400 millones de dólares para influenciar desde la selección de los jueces nominados a las cortes federales, incluyendo la Corte Suprema, hasta la selección de los casos sobre los que esta se pronuncia.34
Por otra parte, los presidentes de los subcomités judiciales de ambas Cámaras, encargados de las cortes federales, el senador por el Partido Demócrata, Sheldon Whitehouse, y el representante por el mismo partido, Hank Johnson, afirman que la mayoría conservadora en la Corte ha decidido de manera favorable a los grandes donantes del Partido Republicano en 80 casos; incluso antes del nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett.35 Para asegurar la nominación y posterior confirmación de esta, los mismos grupos de interés, usando dark money, emplearon 40 millones de dólares. Cifras similares se destinaron para conseguir que los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanough obtuviesen sus puestos vitalicios en la Corte, al tiempo que se bloqueaba la nominación del juez Garland.36
4. El financiamiento ilimitado de los grupos de interés y las restricciones al voto
La comprobación final de la hipótesis la ofrece la legislación restrictiva del voto. El financiamiento ilimitado estimula legislación restrictiva del voto que -junto al gerrymandering- otorga una ventaja electoral la cual, si bien ya no es ilegal. no es democrática. (Al menos dos artículos académicos indican cómo la decisión que se comenta impulsó victorias electorales del Partido Republicano.)37 Los partidos tienen la más amplia libertad para manipular las circunscripciones cuando dominan ambas cámaras estatales y la gobernación (aunque algunos estados no les otorgan ninguna potestad a los gobernadores en esto). Luego del censo de 2010, el Partido Republicano, que disponía de este nivel de control, redibujó 213 distritos electorales al Congreso en Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Georgia y Texas. El partido tendría ligeramente reducida esta capacidad durante el interregno entre la elección presidencial de 2020 y la elección de medio mandato de 2022, salvo en los claves estados bisagras.38
A esto último, precisamente por la arquitectura legal que inaugura la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, debe agregarse la sentencia Shelby County v. Holder de 2013, que abrogó parcialmente la Voting Rights Act de 1965 anulando la prohibición de que los estados, con historia de discriminación, cambiasen sus leyes electorales sin la aprobación previa del gobierno federal (sección 5 de la ley);39 adicionalmente, la sección 2 fue anulada por la sentencia Brnovich v. Democratic National Committee de 202139 y que se complementa con la sentencia Rucho v. Common Cause de 2019 que, en una decisión aprobada de nuevo por la mayoría conservadora de la Corte, establece que las cortes federales no pueden revertir el gerrymandering.
Pero el ataque a los derechos civiles, relacionado con el financiamiento ilimitado de los lobistas a las campañas, marcaría aún más el periodo inmediatamente posterior a la derrota del presidente Trump en noviembre de 2020. A partir de ese momento, la manera que los activistas republicanos privilegian para conseguir financiamiento es presionar a sus funcionarios electos para que aprueben legislación restrictiva del voto, en particular que limite el voto adelantado y el voto por correo.40
A finales de marzo de 2021, el Partido Republicano había introducido más de 250 leyes restrictivas del voto en 43 estados de la unión.41 En este grupo destaca la aprobada en el estado de Georgia, justo después de la victoria demócrata en las presidenciales del año anterior y de la elección especial del Congreso que se saldó con la de los senadores de ese partido, Warnock y Ossoff, un par de meses antes. Legisladores del Partido Republicano pasaron una ley similar42 en el estado de Iowa (aprobada también ese mes), Florida (aprobada en abril), Arizona (aprobada en mayo) y Texas (aprobada en septiembre), todos estados bisagras (swinger states) determinantes en una elección presidencial.
Aunque algunas de las peores previsiones del proyecto de ley no fueron incluidas en la ley finalmente aprobada, como prohibir el voto en domingo, en un intento por disminuir el papel que jugaron las iglesias negras en las victorias demócratas mencionadas, esta contiene restricciones como criminalizar a quienes den agua y comida a los votantes que esperen en fila fuera de los centros de votación o despojar al secretario del estado de algunas de sus competencias.
Como se recordará, el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, rehusó las presiones del entonces presidente Trump para anular los resultados de la elección de 2020 en el estado. Al mismo tiempo, disposiciones como las que permiten expandir el voto adelantado en las áreas rurales del estado tienden a facilitar el voto en los bastiones republicanos, mientras que las anteriores lo dificultan en los centros urbanos donde se imponen los demócratas. El leit motiv tras esta legislación es la falsa premisa de que hubo fraude electoral en las presidenciales de 2020, una premisa adoptada hoy, no solo por la mayoría de la base republicana, sino también por los grandes donantes del partido. Aunque en algunos de estos últimos podría ser más bien una manera de cortejar a aquella al tiempo que evitan una mayor influencia sobre el electorado republicano del expresidente Trump.
Retomando las leyes restrictivas del voto, aquellos cargos electos que consiguen que se aprueben este tipo de leyes se aseguran un financiamiento de lobistas que también son favorables a la prohibición del aborto o contrarios a los derechos de la comunidad LGBTQ. Este financiamiento es ilimitado gracias a la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission y recompensa a aquellos políticos que son más exitosos restringiendo derechos políticos.
Por último, se necesita mencionar que estados como Delaware, Connecticut, Nueva York o Rhode Island, todos blues states ubicados en el noreste del país, tienen leyes restrictivas del voto que, en algunos casos, son peores que la aprobada en el estado de Georgia. Esto se debe, al menos en Delaware, a la configuración de la maquinaria electoral del Partido Demócrata que es muy exitosa en movilizar a su electorado urbano, por lo que no tiene incentivos para facilitar el voto adelantado o por correo. Mientras que en Rhode Island la legislación restrictiva del voto es producto de la inclinación conservadora del partido en el estado, dominado por negros y blancos, que buscaba frenar la ascendente fuerza electoral de la comunidad latina.43 Por ello, las restricciones al voto en estos estados no invalidan la hipótesis sostenida en este trabajo, solo indican que los derechos civiles y políticos pueden ser dañados por actores distintos al cabildeo corporativo.
El resultado de esto es que una clara línea partidista -con excepciones en estados rojos, como Louisiana, que eliminó los obstáculos para que quienes hayan cumplido condena puedan votar; Maryland, que aprobó una lista permanente de electores ausentes que les permite recibir boletas electorales por correo para cada elección; Montana, que hizo más fácil el voto para los discapacitados; y Vermont, que aprobó un programa universal de voto por correo; además de iniciativas bipartidistas similares en estados azules como Kentucky- determina las condiciones de voto en Estados Unidos.
Para entender la magnitud de la influencia del dinero en las campañas tómese en cuenta que, en 2012, el total gastado en el ciclo electoral federal alcanzó casi 6,3 millardos de dólares.44 Esto tiene dos efectos. Por una parte, hace más probable que candidatos republicanos sean electos;45 no obstante, otros artículos académicos indican que las medidas para facilitar el voto, o restringirlo, podrían no tener ningún efecto reduciendo la participación electoral, que es la intención detrás de la legislación, en el entendido de que tal incremento fue lo que causó las victorias demócratas en ese estado entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Y por la otra, consolida la dinámica en la que el dinero va de las corporaciones a políticos que les aseguran sus intereses. Paradójicamente, algunas corporaciones como Coca-Cola, Delta o ViacomCBS emitieron una declaración a principios de abril contra la ley de Georgia, mientras que MLB boicoteó a la ciudad de Atlanta retirándole la sede del juego de las estrellas de 2021. Luego, el senador McConnell respondió pidiéndole a las compañías mantenerse al margen de la política, aunque no de las contribuciones.46
Una de las formas más contradictorias en las que se expresan estas restricciones al voto son las leyes que ilegalizan donaciones privadas destinadas a administraciones electorales y que fueron cruciales para la elección de 2020 en el contexto de pandemia, y sin las cuales no hubiese sido posible no solo el conteo de los votos anticipados y no presenciales, sino incluso que estos se produjeran en algunas circunscripciones.
La justificación de estos cambios legislativos es la creencia infundada, inscrita en teorías conspirativas de parte de la derecha estadounidense, en el sentido de que esas donaciones estaban destinadas a la pérdida de bastiones republicanos a favor de los demócratas. Al mismo tiempo, estas prácticas se enajenan el apoyo de minorías, especialmente latinos y negros, sin las que no luce posible ganar elecciones en el mediano plazo en ese país. Es como si el Partido Republicano asumiera que, como es imposible ejercer el poder solo con el apoyo de su tradicional base de votantes blancos, un sistema electoral que dificulte el voto demócrata es su principal vía de imponerse.
Así, se tiene que es ilegal que ciertos donantes privados financien el ejercicio de los derechos políticos gracias a leyes que son consecuencia de la influencia de dinero de otros donantes también privados que no son penalizados. Este ataque a los derechos civiles fue respondido en el Congreso por el Partido Demócrata desde principios de febrero de 2021 mediante el intento de aprobar dos leyes. La primera sería una nueva Voting Rights Act, y la otra sería una legislación general, la así llamada Ley para el pueblo (For the People Act),47 un proyecto de ley que aprobó la Cámara baja en marzo, apoyado además por el presidente Biden, y que cambiaría la forma en la que se vota por medio de, entre otras medidas, el registro nacional automático de votantes, la expansión del voto temprano y por correo, la terminación del gerrymandering y la moderación de la influencia de las donaciones de los grupos de interés, sobre todo a través del dinero negro. Esto último mediante la obligación impuesta a los súper PAC de revelar sus grandes donantes y la creación de un nuevo sistema público de financiamiento de los candidatos al Congreso. (Cuando el senador demócrata por el estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, se negó a apoyar la Voting Rights Act arguyendo que era muy partidista, su bancada lo intentó con la John Lewis Voting Rights Act de 2021 o H.R. 4 que, sin embargo, ni siquiera fue discutida en el Senado ante la incapacidad de los demócratas de reunir los dos tercios de la cámara o anular el filibusterismo.)
La reacción republicana a la For the People Act confirma la premisa de este trabajo. En enero, mientras se preparaba la ley, un director de investigación de uno de los grupos de interés, el Stand Together, de los hermanos Charles y David Koch, indicó a otros lobistas y a personal del líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, que los oponentes a la ley deberían recurrir al Senado para, usando tácticas como el filibusterismo y ante el apoyo, no solo de la base liberal, sino también de la base conservadora, detener la ley.48
Como se sabe, el filibusterismo es una práctica legislativa, originada en el siglo XIX, que permite un debate ilimitado para impedir la aprobación de una ley.
La configuración con la que se emplea hoy es de 1975 y se debe en parte a la reacción a la presidencia de Nixon. En ella se requieren dos tercios del Senado para romper el filibusterismo. La práctica es usada con fruición por el Partido Republicano para retardar o impedir la confirmación de los funcionarios nominados por el Ejecutivo. En 2013 fue usada para impedir la confirmación de tres jueces nominados por el presidente Obama para la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, además de la de Chuck Hagel, nominado como secretario de Defensa. Esto último no tenía antecedentes en la historia. El Partido Demócrata respondió con la llamada opción nuclear para suspender el filibusterismo usado contra las nominaciones ejecutivas y judiciales del presidente al final de ese mismo año. En 2017, los republicanos lo eliminarían como forma de impedir las confirmaciones de jueces a la Corte Suprema. A principio de 2021, con sus precarias mayorías en ambas Cámaras, los demócratas ensayarían la vía rápida por medio de la reconciliación del presupuesto (fast track budget conciliation), un mecanismo legislativo usado desde la administración Reagan, que permite aprobar varias veces durante un solo año fiscal legislación sobre impuestos y presupuestos federales solo con la mayoría simple, para aprobar el plan de estímulos del presidente Biden.
El que se llame Stand Together a este grupo de interés fue producto de la reorganización de lo que se denomina red Koch (Koch network) en mayo de 2019. Mencionar a los hermanos Koch demanda ofrecer un breve contexto. A partir de la elección de Barack Obama, Americans for Prosperity (aunque fue fundado en 2004), financiado por estos hermanos, se erigió como el principal grupo de interés conservador con una capacidad de influencia considerable durante sus dos periodos y más allá: desde impulsar al movimiento Tea Party hasta limitar la mayor iniciativa ambiental de Obama. Al no tener fines de lucro está exento del pago de impuestos, pero además no está obligado a hacer público quiénes lo financian, algo a lo que sí están obligado los PAC.49 Otro lobista con un peso similar es Heritage Action for America, fundado en 2010.
Volviendo a Stand Together, se tiene que antes se llamaba The Seminar Network. Bajo el nombre Stand Together operaba, hasta esa fecha, la rama sin fines de lucro de las operaciones de los hermanos Koch dedicada a ayudar a grupos comunitarios y que seguiría funcionando como Stand Together Foundation. Como parte del mismo proceso de cambio de identidad corporativa se les pidió a los empleados que no se refirieran a la operación como red Koch, sino como comunidad filantrópica.50
Esto último tiene una explicación que ayuda a entender el recorrido del dinero negro desde las corporaciones, pasando por los grupos de interés, los PAC, hasta llegar al Congreso o a los comités de campaña de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El dinero es donado con frecuencia a través de corporaciones sin fines de lucro a las que se describe como entidades de bienestar social, por lo que muchas de ellas, como la Stand Together Foundation, se dedican realmente a financiar servicios sociales por medio de grupos comunitarios. Estas corporaciones no tienen que hacer públicos sus financistas, aunque sí tienen la limitación de que solo pueden gastar una parte de sus fondos directamente en campañas políticas. Parte de esos fondos se usan para financiar PAC, lo que genera unas cadenas en las que el dinero cambia de manos sin que se pueda identificar su origen.51 Precisamente, la sentencia Citizens United v. Federal Election Commission permite que este dinero negro inunde la política estadounidense.
El argumento que calaba en la base conservadora que apoyaba la For the People Act a principios de 2021 era precisamente el de impedir que los mil millonarios comprasen las elecciones. Por eso, los grupos de interés debían enfocarse en influir individualmente en los representantes de esa misma base para impedir una ley que apoyaba su electorado. Resalta la coordinación entre el liderazgo republicano y grupos de interés que técnicamente no son partidistas,52 pero además el cambio de estrategia en el intento de influir, que se mueve de lo público a lo privado, una esfera en la que el efecto del dinero de los cabildeadores se hace incluso más oscuro e irresistible.
La sentencia Citizens United v. Federal Election Commission muestra que reducir el concepto de corrupción a un tipo jurídico puede legalizar las peores formas de corrupción. Esta es una falencia del positivismo jurídico que impide emplear otros estándares -como el ético o el político- para entender el concepto.
Esta decisión hace lo anterior mediante una redefinición de la corrupción que la reduce al intercambio quid pro quo, por medio del cual un actor privado intercambia dinero por favores políticos. Las manifestaciones de la práctica corrupta entendida así también son limitadas: sobornos, nepotismo, etc. Pero la experiencia indica que la corrupción es un fenómeno distinto, con un alcance más vasto, porque su principal característica es su dimensión institucional, asentada además en el largo plazo.
Tal vez el ejemplo por antonomasia de lo anterior es la privatización de la política, que es uno de los resultados del financiamiento ilimitado de las corporaciones a las campañas electorales. Por medio de ella se impone de manera irresistible un tipo muy específico de interés, el de las grandes corporaciones, en detrimento del de cualquier otro.
Las leyes restrictivas de los derechos del voto aprobadas o presentadas para su aprobación en legislaturas estadales dominadas por el Partido Republicano, luego de la elección presidencial de 2020, vienen a ser una comprobación empírica de esta forma de corrupción. Aunque en este trabajo no se muestra evidencia cuantitativa, sí expone una serie de argumentos jurídicos, políticos e históricos que sugieren que la premisa es válida.
La restricción de los derechos políticos hace más probable que resulten electos candidatos que tal vez no ganarían en un contexto diferente, pero que además están sometidos a una influencia que no tiene límites. Una vez electos, el abanico de propuestas que deben apoyar incluye no solo restricciones de los derechos políticos, sino también de los derechos civiles. Esta es la agenda de grupos de interés que solo mediante el dinero pueden imponer sus ideas. Esto es, por definición, corrupto.
Notas
1 El texto de la sentencia (Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310) puede ser consultado en el sitio web de la Corte: https://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-205.pdf
2 Mark Philp, "The definition of political corruption", en P. Heywood (ed.), Routledge Handbook of Political Corruption, New York, Routledge, 2015, p. 22. "The key elements of a definition of political corruption are: - a conception of public office with rules and norms for the conduct of that office, where the office is defined partly in terms of a broader public interest that it serves, and where these interests may conflict with the personal or partisan interests of the office- holder; - a view that corruption involves the distortion or subversion of the exercise of public office so that it meets private, partisan or sectional rather than public interests, so that some people gain who should not and some lose (or fail to benefit) who should not; - the idea that three actors are normally involved in or affected by corrupt activity: the occupant of the public office (A), the intended beneficiary of that office (B) and the actual (i.e. newly intended) beneficiary of the particular exercise of that office (C)".
3 Es importante indicar que la actividad de cabildeo no siempre fue legal en Estados Unidos.
4 Philp, "The definition of political corruption", op. cit., p. 22. "One area in which there has been disagreement about how to characterize a corrupt act concerns the issue of non-triadic relationships".
5 Camila Vergara, Systemic corruption. Constitutional ideas for anti-oligarchic republic, Princeton, Princeton University Press, 2020, p. 13. "Even if the Corruption Perceptions Index attempts to explicitly account for systemic corruption—as opposed to mere cash for votes, quid pro quo corruption— the current definition of political corruption does not yet allow for an accurate measurement of its structural layer because it remain blind to the role procedures and political institutions play in fostering corruption through their normal functioning".
6 Ibid., p. 14. "Corruption has thus been conveniently reduced to its most visible and clear expressions: illegal acts involving public officials (e.g., bribery, fraud, nepotism). But even if the reduction of political corruption to a discreet set of expressions serves the reliable measurement of the phenomenon".
7 Idem. "Corruption conceived in this way is guilty of moral relativism and legal positivism because it does not consider an independent standard to judge the law and thus could even end up legalizing the most prominent means of corruption".
8 Philp, "The definition of political corruption", op. cit., p. 23. "People's intuitions here vary. It seems clear that a kleptocrat ruler is corrupt because he systematically distorts the exercise of power to his own benefit. I am less persuaded that the office clerk who steals postage stamps is corrupt".
9 En 2021, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, demandó la nulidad de otra sección de esta ley que limita a 250 mil dólares el reembolso de donaciones personales a campañas usando dinero de contribuciones poselectorales. Las contribuciones poselectorales pueden beneficiar directamente a un candidato ganador.
10 Lachlan Markay, "Trump campaign boosted by unsuspecting state GOPs", en Axios, 11 de abril de 2021, en https://www.axios.com/republicans-state-gop-trump-campaign-cd16bae3-ebf9-4ed5-94de-98a85d23e06c.html7utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiossneakpeek&stream=top , fecha de consulta: 12 de abril de 2021.
11 La decisión Americans for Prosperity Foundation v. Bonta de julio de 2021, confirma este extremo.
12 Zephyr Teachout, Corruption in America. From Benjamin Franklin's snuff box to Citizens United, Cambridge, Harvard University Press, 2014, p. 231. "During the initial oral arguments of the case in 2008, Justices Scalia, Kennedy, and Roberts asked questions that implied something far more expansive, and declaratory than statutory interpretation. They wanted to hear arguments about whether the law banning corporate election spending could be justified at all. With the nature of the case changing, the Court requested that the parties write new briefs and reargue the case, explaining the constitutional legitimacy of independent corporate spending limits. However there was no chance to research the underlying factual issues. No record was created to address these new foundational constitutional questions".
13 Idem. "In essence, his claim was that Congress's power to protect elections from corruption was limited to the power to punish to deter explicit bribes. Anything else is not corruption. In January 2010 Justice Anthony Kennedy, writing for a majority of the Court, adopted Olson's argument and struck down all limits on corporate expenditures".
14 Ibid., p. 232. "The opinion comprehensively redefined corruption, and in so doing, redefined the rules governing political life in the United States. As a matter of federal constitutional law, corruption now means only 'quid pro quo corruption.' And quid pro quo exists only when there are 'direct examples of votes being exchanged for ... expenditures.' Corruption does not include undue influence and cannot flow from donors trying to influence policy through campaign contributions, unless these donors are utterly crass".
15 Ibid., p. 237. "...but his misreading was at least partly provoked by living in a time where the fundamental distinction between the corporation and the press, for instance, is being erased".
16 Yasmin Dawood, "Campaign finance and american democracy", en Annual Review of Political Science 18 (2015), pp. 333-339. "In Buckley, the Supreme Court used the 'appearance of corruption' concept to capture the government's interest in maintaining public confidence in the democratic system, yet in its most recent decision, the Court significantly scaled back the scope and usage of the appearance of corruption justification".
17 Ibid., p. 331. "According to the libertarian approach, the state should not restrict electoral speech by imposing limits on campaign contributions and expenditures [...]. People communicate ideas by donating money to candidates and political parties who support their political viewpoints or by expending money on political advertising. The idea that money amounts to speech, however, has itself be the subject of debate".
18 Idem. "The egalitarian approach, by contrast, holds that the state regulation of speech is required in some instances to prevent the wealthy from monopolizing political discourse".
19 Ibid., p. 232. "Elected officials, while purporting to rid politics of the influence of money, may in fact be protecting their offices from potential challengers".
20 Timothy Kuhner, "The third coming of american plutocracy: What campaign finance reformers are up against", en E. Mazo y T. Kuhner (eds.), Democracy by the People. Reforming Campaign Finance in America, New York, Cambridge University Press, 2018, p. 20. "This undemocratic trajectory reveals that our legal system is incomplete. Although our laws rule out government by a monarch, a religious authority, and by a few generals or a dictator, they fail miserably when it comes to government by and for the wealthy".
21 Idem. "Its endurance is not, on the whole, a symptom of criminal activity or legal defiance".
22 Philp, "The definition of political corruption", op. cit., p. 23. "This is inevitably a partly normative claim: it assumes that there is something like a telos to the idea of a public domain or the public interest and that no amount of legislation can define away the content of the public interest to eliminate its status as a standard, which is not to say that its definition is easy or uncontentious. This underlines the fact that corruption is a partly normative concept and that when its underlying sense of a deviation from a 'natural' or ethical standard of politics is eliminated then the term loses its moral and cognitive compass".
23 Idem.
24 Kuhner, "The third coming of american plutocracy: What campaign finance reformers are up against", op. cit. , p. 20. "The mechanism, simply enough, is the privatization of government. Although the privatization of government is a defining aspect of modern life, it is also one of the oldest forms of corruption under the sun".
25 Dawood, "Campaign Finance and American Democracy", op. cit., p. 333. "The Court found that restrictions on the giving and spending of money for political campaigns did in fact impose restrictions on the First Amendment rights of speech and association. At the same time, the Court held that limits on contributions were justified by the government's interest in preventing corruption and the appearance of corruption. The electoral process must be protected from quid pro quo exchanges in which contributors provide cash to officeholders in exchange for political favors".
26 Esta sentencia fue ampliada con la Austin v. Michigan State Chamber of Commerce 494 U.S. 652 de 1990.
27 Teachout, Corruption in America. From Benjamin Franklin's snuff box to Citizens United, op. cit. "The framers might agree almost every sentence in this passage, but not with the logical leaps it contains. Madison would agree that access is not equated with corruption, but he would disagree that access does not lead to corruption. He would agree that favoritism is unavoidable—and donor favoritism is unavoidable — but he would disagree that we should therefore stop trying to limit it. He would agree that the donors will likely want to produce responses, but he would disagree that we should call that desire legitimate. And he would agree that democracy es premised on responsiveness, but he would disagree that responsiveness to the wealthy is the same as responsiveness to constituents".
28 En un caso (Americans for Prosperity Foundation v. Rodriquez) que alcanzó la Corte Suprema, Americans for Prosperity, el grupo de interés de la familia Koch -sobre la que se tratará en extenso en la última parte del texto-, y una firma de abogados conservadora (Thomas More Law Center), retaron el requerimiento del estado de California de que las organizaciones de caridad que buscasen donaciones en el estado hiciesen públicos sus donantes. Una sentencia favorable al estado de California hubiese sentado un precedente contra el dinero negro que financia las campañas políticas en todo el país. La decisión Americans for Prosperity Foundation v. Bonta, de julio de 2021, decidió a favor de los grupos de interés revirtiendo Doe v. Reed y la parte de Citizens United v FEC referente a las leyes de divulgación. De hecho, debe considerarse que Americans for Prosperity Foundation v. Bonta cierra el círculo con Citizens United v. Federal Election Commission.
29 Jane Mayer, "Inside the koch-backed effort to block the largest election-reform bill in half a Century", Tire New Yorker, 29 de marzo de 2021, en https://www.newyorker.com/news/news-desk/inside-the-koch-backed-effort-to-block-the-largest-election-reform-bill-in-half-a-century?utm_social-type=owned&utm_medium=social&utm_brand=tny&utm_source=twitter&mbid=social_twitter , fecha de consulta: 29 de marzo de 2021. "Both parties have relied on wealthy anonymous donors, but the vast majority of dark money from undisclosed sources over the past decade has supported conservative causes and candidates. Democrats, however, are catching up. In 2020, for the first time in any Presidential election, liberal dark-money groups far outspent their conservative counterparts, according to the nonpartisan Center for Responsive Politics, which tracks campaign spending. Nonetheless, Democrats, unlike Republicans, have pushed for reforms that would shut off the dark-money spigot".
30 Bill Allison, "'Dark Money' helped paved Joe Biden's path to the White House", Bloomberg, 23 de enero de 2021, en https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-23/-dark-money-helped-pave-joe-biden-s-path-to-the-white-house?utm_campaign=wp_the_daily_202&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_daily202 , fecha de consulta: 29 de abril de 2021. "Biden's winning campaign was backed by $145 million in so-called dark money donations, a type of fundraising Democrats have decried for years. Those fundraising streams augmented Biden's $1.5 billion haul, in itself a record for a challenger to an incumbent president". "The groups started spending while Biden's relatively cash-poor campaign was struggling to raise money for the primaries".
31 Shane Goldmacher, "How Trump steered supporters into unwitting donations", The New York Times, 3 de abril de 2021, en https://www.nytimes.com/2021/04/03/us/politics/trump-donations.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20210404&instance_id=28845&nl=todaysheadlines®i_id=46883981&segment_id=54856&user_id=90a360afaad7677e39b8ff64fbfe2cc9 , fecha de consulta: 12 de abril de 2021; Shane Goldmacher, Maggie Haberman y Jonathan Martin "Trump lashes his enemies anew as G.O.P. dances around his presence", The New York Times, 10 de abril de 2021, en https://www.nytimes.com/2021/04/10/us/politics/trump-republicans-donors.html, fecha de consulta: 12 de abril de 2021.
32 Sus antecedentes serían el Common Purpose Project, activo durante la presidencia de Obama, que sí limitó las donaciones individuales e hizo públicas las identidades de sus donantes. Pero además el America First Policies creado en 2017, durante la administración Trump, que no reveló nunca sus donantes.
33 Es importante señalar que el Partido Demócrata fue el que desarrolló lo que se conoce como la PAC strategy, como respuesta a la llegada de Reagan al poder y a la habilidad de los republicanos para recaudar dinero para sus campañas. La PAC strategy es la base del financiamiento político corporativo actual en Estados Unidos. Sin embargo, con antecedentes en las campañas de Howard Dean, en 2004; pero, sobre todo con las de Obama, en 2008, y Sanders, en 2016, a partir de 2018, el financiamiento de pequeños donantes ha ido probando que es un mecanismo más eficiente para recoger dinero dentro del partido.
34 Lisa Graves, "Testimony of Lisa Graves President of the Center for Media and Democracy before the United States Senate Committee on the Judiciary Subcommittee on Federal Courts, Oversight, Agency Action and Federal Rights", 10 de marzo de 2021, en https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/Final_CMD_Lisa%20Graves_Written%20Testimony%20for%20March%2010%202021%20Subcommittee%20Hearing1.pdf, fecha de consulta: 26 de abril de 2021. "In 2019, The Washington Post documented how Leo sits at the hub of a secretive scheme to capture the courts and remake our laws, with a cadre of his confidantes and groups.22 The Post tallied that dark money network's combined income between 2014 and 2017 at $250 million, before the big fight around Justice Kavanaugh's confirmation. When 2018 tax records are added, along with new groups that popped up in Leo's network, that total reaches more than $400 million, based on True North Research's calculations updating that figure. That does not include any spending on the confirmation of Justice Amy Coney Barrett, or any spending by Koch's Americans for Prosperity".
35 Sheldon Whitehouse y Hank Johnson, "The Dark-Money Tipping Point", Project Syndicate, 19 de abril de 2021, en https://www.project-syndicate.org/commentary/dark-money-supreme-court-americans-for-prosperity-foundation-v-rodriquez-by-sheldon-whitehouse-and-hank-johnson-2021-04, fecha de consulta: 24 de abril de 2021. "Even before Justice Amy Coney Barrett joined the Court in the dying days of Donald Trump's administration, the Republican majority of five had run up an 80-case streak of partisan 5-4 victories for big Republican donor interests".
36 Graves, "Testimony of Lisa Graves President of the Center for Media and Democracy before the United States Senate Committee on the Judiciary Subcommittee on Federal Courts, Oversight, Agency Action and Federal Rights", op. cit. "Recent media stories estimate that dark money spending to influence the confirmation of Justice Amy Coney Barrett reached at least $40 million. Comparable amounts were likely spent on advertising and lobbying campaigns to block Judge Merrick Garland's nomination, and to battle over the nominations of Justices Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh".
37 Véase Tilman Klumpp, Hugo M. Mialon, Michael A. Williams, "The Business of american democracy: Citizens united, independent spending, and elections", en The Journal of Law and Economics 59 (1) (2016), pp. 1-43; Nour Abdul-Razzak, Carlo Prato y Stephane Wolton, "After Citizens United: How outside spending shapes American democracy", en Electoral Studies 67 (2020), pp. 7-75. Este último grupo de investigadores no encontró evidencias de que las modificaciones introducidas por la sentencia hayan tenido un efecto significativo en el bien público. "Based on the data available, the analysis of public good suggests that Citizens United, despite the regulatory changes it induced and the electoral effect it caused, had little to no effect on local public good provision".
38 Ronald Brownstein, "The GOP cheat code to winning back the House", The Atlantic, 11 de febrero de 2021, en https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/02/democrats-needhr-1-and-new-vra-protect-party/617987/ , fecha de consulta: 30 de abril de 2021. "Republicans' leverage over the process seems slightly reduced since the 2010 redistricting. Parties have the greatest freedom to manipulate the lines in states where they control redistricting without input from the other side—almost always because they hold both chambers of the state legislature and the governorship. (Some states deny the governor any role.) After the 2010 census, Republicans enjoyed this level of control over the drawing of 213 congressional districts. They used their authority to impose extremely onesided gerrymanders in states including Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Florida, Georgia, and Texas".
39 570 U.S. 529, que puede ser consultada en el sitio web de la Universidad de Cornell: https://www.law.cornell.edu/supct/cert/12-96. En esta decisión la Corte siguió la línea ideológica de una mayoría de cinco jueces conservadores frente a cuatro jueces liberales. 594 U.S._, que puede ser consultada en el sitio web de la Corte: https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1257_g204.pdf.
40 Jeremy Peters, "In restricting early voting, the right sees a new 'Center of Gravity'", The Washington Post, 19 de marzo de 2021, en https://www.nytimes.com/2021/03/19/us/politics/republicans-trump-voting-rights.html?smtyp=cur&smid=tw-nytpolitics , fecha de consulta: 29 de marzo de 2021. "Passing new restrictions on voting—in particular, tougher limits on early voting and vote-by-mail—is now at the heart of the right's strategy to keep donors and voters engaged as Mr. Trump fades from public view and leaves a void in the Republican Party that no other figure or issue has filled".
41 Nicholas Fandos, "Democrats begin push for biggest expansion of voting since 1960s", The New York Times, 24 de marzo 2021, en https://www.nytimes.com/2021/03/24/us/politics/democrats-voting-rights.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20210325&instance_id=28395&nl=todaysheadlines®i_id=46883981&segment_id=54146&user_id=90a360afaad7677e39b8ff64fbfe2cc9 , fecha de consulta: 24 de marzo de 2021. "The effort is taking shape as Republicans have introduced more than 250 bills to restrict voting in 43 states and have continued to spread false accusations of fraud and impropriety in the 2020 election".
42 Hay un análisis no académico de la ley aprobada en el estado de Georgia que se puede encontrar en Nick Corasaniti y Reid J. Epstein, "What Georgia's voting law really does", The New York Times, 2 de abril de 2021, en https://www.nytimes.com/2021/04/02/us/politics/georgia-voting-law-annotated.html?smid=tw-nytpolitics&smtyp=cur
43 Russell Berman, "The blue states that make it hardest to vote", The Atlantic, 15 de abril de 2021, en https://www.theatlantic.com/politics/archive/2021/04/democrats-voting-rights-contradiction/618599/?utm_term=2021-04-15T10%3A00%3A57&utm_campaign=the-atlantic&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_content=edit-promo , fecha de consulta: 20 de abril de 2021. "The restrictions across the Northeast are relics of the urban Democratic machines, which preferred to mobilize their voters precinct by precinct on Election Day rather than give reformers a lengthier window to rally opposition. Democrats who have won election after election in states such as New York, Delaware, Connecticut, and Rhode Island have had little incentive to change the rules that helped them win [...]. Unlike Delaware's restrictions, Rhode Island's voter-ID law can't be described as antiquated: The statute is just 10 years old and won adoption under a Democratic majority with support from powerful Black elected leaders. Voting-rights advocates trace the law's passage to the conservative bent of the state's Democratic Party and tension that pitted Black and white Democrats against the state's rising Latino population".
44 Citado en Dawood, “Campaign Finance and American Democracy”, op. cit., p. 330. “In the 2012 federal election cycle, for instance, the total amount of money spent reaches almost $6.3 billion”.
45 Según los hallazgos mencionados en la nota al pie 37. Para los artículos que muestran que los cambios en la ley electoral no tienen efecto en la participación, véanse, entre otros, Mary Fitzgerald, "Greater convenience but not greater turnout: The impact of alternative voting methods on electoral participation in the United States", en American Politics Research 33 (6) (2005), pp. 842-867, DOI: 10.1177/1532673X04274066 ; Jesse Yoder, Andrew Myers, Andrew Myers, Tobias Nowacki, Daniel M. Thompson, Jennifer A. Wu, Chenoa Yorgason y Andrew B. Hall, "How did absentee voting affect the 2020 U.S. election?", en Democracy & Polarization Lab, Stanford University 21-011 (2021).
46 Olson Tyler, "McConnell rips MLB, Delta, Coke for 'irritating a hell of a lot of Republican fans'", FOXBusiness, 6 de abril de 2021, en https://www.foxbusiness.com/politics/mcconnell-rips-mlb-delta-coke-republicans , fecha de consulta: 25 de abril de 2021. "I'm not talking about political contributions. Most of them contribute to both sides, they have political action committees, that's fine it's legal, it's appropriate, I support that".
47 También conocida como House Resolution 1 y Senate Bill 1. Su texto puede ser leído en el sitio web del Congreso: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1/text . El intento de aprobar una nueva VRA en 2019 fue detenido en el Senado por el entonces líder de la mayoría, el senador McConnell. Aunque, la H.R. 1 fue aprobada en la House en marzo de 2021, fallaría en hacerlo en el Senado en junio de 2021.
48 Mayer, "Inside the Koch-backed effort to block the largest election-reform bill in half a Century", op. cit., "Kyle McKenzie, the research director for the Koch-run advocacy group Stand Together, told fellow-conservatives and Republican congressional staffers on the call that he had a 'spoiler.' 'When presented with a very neutral description' of the bill, 'people were generally supportive,' McKenzie said, adding that 'the most worrisome part [...] is that conservatives were actually as supportive as the general public was when they read the neutral description.' In fact, he warned, 'there's a large, very large, chunk of conservatives who are supportive of these types of efforts.' As a result, McKenzie conceded, the legislation's opponents would likely have to rely on Republicans in the Senate, where the bill is now under debate, to use 'under-the-dometype strategies' — meaning legislative maneuvers beneath Congress's roof, such as the filibuster—to stop the bill, because turning public opinion against it would be 'incredibly difficult.' He warned that the worst thing conservatives could do would be to try to 'engage with the other side' on the argument that the legislation 'stops billionaires from buying elections.' McKenzie admitted, 'Unfortunately, we've found that that is a winning message, for both the general public and also conservatives.' He said that when his group tested 'tons of other' arguments in support of the bill, the one condemning billionaires buying elections was the most persuasive—people 'found that to be most convincing, and it riled them up the most'".
49 Durante la elección presidencial de 2020, el equivalente más importante de esta estructura en el Partido Demócrata para el financiamiento de la campaña fue la organización sin fines de lucro Priorities USA, del súper PAC Priorities USA Action Fund. Otra dupla de PAC y organización sin fines de lucro, en el mismo partido, fue la conformada por Future Forward PAC y Future Forward USA Action, respectivamente. Adicionalmente existen los denominados leadership PACs que están separados de las cuentas de las campañas y que no están sujetos a las mismas restricciones de gasto.
50 Mariana Alfaro y Joanie Greve, "The Koch network is reorganizing under a new name and with new priorities", The Washington Post, 20 mayo de 2019, en https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2019/05/20/daily-202-the-koch-network-is-reorganizing-under-a-new-name-and-with-new-priorities/5ce1a94fa7a0a435cff8c0d3/ , fecha de consulta: 24 de marzo de 2021. "The nomenclature is changing, as well. Officials will no longer call it a 'network.' Now it's a 'philanthropic community.' Members of the Koch 'community' have always referred to one another as 'investors.' The idea was that they were investing money with a specific outcome in mind, and that the return on their investments—whether in politics or philanthropy—could be measured. Now, they will be referred to as 'partners' because 'investors' has too transactional of a ring. These 'investors' have gathered twice a year—California in the winter, Colorado in the summer—for 'seminars' to discuss strategy. Starting next month, 'partners' will attend these gatherings, and they'll be known as 'summits'".
51 Idem. "Money is often donated through nonprofit corporations, described as 'social welfare' organizations, which don't publicly disclose their donors. These dark-money groups can spend a limited percentage of their funds directly on electoral politics. They also can contribute funds to political-action committees, creating a daisy chain of groups giving to one another. This makes it virtually impossible to identify the original source of funding. The result has been a cascade of anonymous cash flooding into American elections".
52 Idem. "Nick Surgey, the executive director of Documented, a progressive watchdog group that investigates corporate money in politics, told me it made sense that McConnell's staffer was on the call, because the proposed legislation 'poses a very real threat to McConnell's source of power within the Republican Party, which has always been fund-raising.' Nonetheless, he said that the close coordination on messaging and tactics between the Republican leadership and technically nonpartisan outside-advocacy groups was 'surprising to see'".
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